Mientras unos cuestionan el impacto económico y social, otros defienden la necesidad de medidas ante la crisis energética.
La resolución emitida por la Comisión de Regulación y Gas (CREG), que establece sanciones por exceso de consumo de energía e incentivos para el ahorro, ha generado controversia en el Atlántico, con posturas encontradas entre actores del sector.
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del departamento, critica la medida, argumentando que solo resultará en facturas más elevadas y aumentará la tensión social. Según él, el Gobierno Nacional no previó la situación actual ni tomó medidas oportunas para evitarla.
En contraparte, el senador Carlos Meisel cuestiona la pertinencia de la normativa, considerándola desvinculada de la realidad del país, especialmente del Caribe. Para él, la tardanza en nombrar a la CREG ha llevado a la emisión de resoluciones desfasadas.
Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi en el Atlántico, se opone al incremento, señalando que afectaría a las Mipymes, particularmente en momentos de expansión de la producción. Argumenta que el aumento del consumo durante picos de producción sería penalizado, generando una carga adicional a las ya complicadas estructuras de costos.
En medio de estas opiniones encontradas, algunas organizaciones critican que la medida debió haberse implementado mucho antes.
La resolución establece que los estratos uno al tres enfrentarán un aumento del 30% por cada kilovatio adicional, mientras que para los estratos cuatro y cinco será del 50%. El sector comercial e industrial verá un incremento del 100%.
En cuanto a los ahorros, los usuarios que logren disminuir su consumo recibirán un pago al final del programa, basado en el monto recaudado por el exceso de consumo y el número de kilovatios reducidos.
La meta de consumo individual será calculada a partir del consumo promedio diario de energía activa de cada usuario regulado, utilizando la información del último ciclo de lectura completado antes del 15 de marzo de 2024.
