Tribunal dicta medidas urgentes para garantizar la seguridad de comparecientes en audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Corte Constitucional emitió una orden urgente para que se implementen medidas de protección destinadas a los excombatientes de las Farc que se disponen a declarar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el próximo 26 de abril en Ibagué.
La Sala de Seguimiento, encargada de declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, instó a asegurar que los comparecientes puedan brindar su testimonio con plenas garantías.
El tribunal reconoce en estas diligencias no solo el derecho de los excombatientes a su reincorporación civil, sino también la importancia vital que tienen estas audiencias para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado.
«Para la Sala es claro que, para los firmantes, no solo es una forma de ejercer libremente sus derechos como parte del proceso de reincorporación integral a la vida civil y de cumplir con sus compromisos ante la JEP, sino también de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad», afirmó el pronunciamiento.
La orden judicial obliga a la Unidad Nacional de Protección a implementar medidas de emergencia que aseguren la integridad y seguridad de los excombatientes durante su comparecencia.
«Es imperativo realizar un trámite de emergencia para atender la situación de los comparecientes y adoptar e implementar medidas de protección transitorias y complementarias para garantizar la comparecencia segura y efectiva de los firmantes a la audiencia de reconocimiento», se indica en el documento.
Además, se instruyó al Ministerio de Defensa, la Policía Metropolitana de Ibagué, las Fuerzas Militares y el Ejército a tomar medidas para garantizar la seguridad, bajo advertencia de posibles responsabilidades disciplinarias o penales en caso de incumplimiento.
«Las autoridades anteriormente mencionadas deberán presentar un informe de cumplimiento a la Sala. Asimismo, la corte advirtió que ante algún incumplimiento de las órdenes proferidas podrá haber responsabilidades disciplinarias o penales», concluyó el tribunal.
Finalmente, la Corte ordenó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización atender y coordinar el traslado de proyectos productivos para algunos firmantes debido a amenazas que ponen en riesgo su vida, integridad y seguridad personal.
