Criminales buscan intimidar al Estado con demanda de territorios para la liberación de los funcionarios, desatando la indignación de autoridades.
Las disidencias de las Farc han desatado una situación de extorsión al Estado colombiano al exigir el despeje de cinco municipios como condición para liberar a dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, que mantienen secuestrados. Este acto no solo revela la falta de compromiso con la paz, sino que también evidencia una clara intención de intimidar a la población y a las autoridades.
Según información obtenida por un reconocido medio de comunicación nacional, los delincuentes solicitan el despeje de cinco municipios como requisito para la liberación de los funcionarios, quienes fueron secuestrados en el departamento de Cauca mientras realizaban labores de investigación cerca de Popayán. La Fiscalía ha rechazado enérgicamente el secuestro, instando a la liberación inmediata de los agentes y garantizando su integridad.
La Fiscalía General de la Nación ha expresado su repudio ante esta inaceptable situación, exigiendo el respeto por la vida e integridad de los servidores de la justicia. Mientras tanto, las propias disidencias de las Farc han confirmado tener en su poder a los dos agentes del CTI, asegurando que se encuentran en buen estado de salud y que están en proceso de negociación con organismos internacionales para su liberación. Sin embargo, han mantenido oculta la exigencia de despeje territorial.
En un comunicado firmado por el grupo criminal, se justifica el secuestro argumentando que los funcionarios fueron encontrados en zonas bajo su control militar y político. Esta declaración ha generado indignación en varios sectores, quienes denuncian la usurpación de territorios por parte de estas disidencias.
La Fiscalía ha insistido en la importancia de respetar las garantías y la vida de los funcionarios secuestrados, mientras que la Procuraduría ha llamado la atención sobre los hechos ocurridos y ha denunciado el uso de términos inaceptables por parte de los criminales para referirse a zonas bajo su dominio.
La exigencia de despeje territorial por parte de las disidencias de las Farc no solo representa una amenaza para la seguridad y la integridad de los ciudadanos, sino que también evidencia una clara violación de los principios democráticos y del Estado de Derecho.
