Por presuntos conflictos de interés, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Cajar, tomó la decisión de demandar la investidura de 3 parlamentarios de Cambio Radical.
Se trata de los congresistas Adriana Carolina Arbeláez, Jairo Humberto Cristo y Carlos Abraham Jiménez, quienes votaron el aplazamiento de los impuestos saludables, aún cuando podrían estar impedidos.
De acuerdo con la presidenta y abogada del Cajar, Yessika Hoyos, en 2023 los mencionados congresistas participaron en la votación de dicha propuesta sin revelar la financiación que habían recibido en sus campañas electorales, lo que podría constituir un conflicto de interés, de acuerdo a la ley y lo dicho por la Corte Constitucional.
Explicó Hoyos, que “Carlos Abraham Jiménez, quien recibió aportes significativos para su campaña por parte de Bavaria y Postobón, intervino en la suscripción de la proposición que buscaba dilatar la entrada en vigencia de la medida, en defensa de los intereses de estas corporaciones durante el debate”.
Por otra parte, Adriana Arbeláez y Jairo Humberto Cristo, “también beneficiarios de donaciones de las mismas compañías, votaron a favor del aplazamiento sin notificar al Congreso sobre estos vínculos financieros con las compañías a las que regula esta iniciativa”
Los hechos se remontan a una votación crucial el 18 de octubre de 2023, donde se propuso aplazar la implementación de los impuestos a productos ultraprocesados y bebidas endulzadas, justo en medio de los debates del Presupuesto General de la Nación.
Según el Cajar, lo siguientes son los detalles financieros: Carlos Abraham Jiménez: 81 millones de pesos de Bavaria y 45 millones de pesos de Postobón; Adriana Arbeláez: 45 millones de pesos de Bavaria y 70 millones de pesos de Postobón; Jairo Cristo: 36 millones de pesos de Bavaria y 90 millones de pesos de Postobón.
Cabe mencionar, que de acuerdo con la sentencia C-302-2021 de la Corte Constitucional de Colombia, los legisladores están obligados a declarar cualquier posible conflicto de interés cuando participen en debates que puedan beneficiar directa o indirectamente a los donantes de sus campañas. “No hacerlo es causal de pérdida de investidura.” Afirmó Hoyos.
Con la acción Cajar hace un llamado a la ciudadanía para que exija a sus representantes en el Congreso de la República actuar en beneficio del interés público en garantía de los derechos humanos y no en favor de intereses privados.
