Wilson Ruiz Orejuela busca garantizar seguridad a comunidades vulnerables en zonas de conflicto.
El exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, ha presentado una demanda de acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el propósito de asegurar que el Gobierno, representado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, cumpla con las medidas necesarias para proteger a las comunidades en regiones del país donde se desarrollan conversaciones con disidencias de las Farc.
La demanda se fundamenta en el artículo 7° del Decreto 1684 del 16 de octubre de 2023, emitido por el Gobierno Nacional, el cual busca salvaguardar a la población civil frente a las acciones delictivas de las disidencias de las Farc.
«El incumplimiento de este artículo, por parte del gobierno de Gustavo Petro, pone en peligro a la población colombiana y vulnera sus derechos», declaró Ruiz Orejuela.
El exministro enfatizó en la necesidad de priorizar acciones en defensa de los derechos de la población, especialmente de grupos vulnerables como indígenas, campesinos en áreas conflictivas, y niños, niñas y adolescentes.
En su intervención, Ruiz Orejuela destacó que los colombianos sufren «flagelos humanitarios» como reclutamiento de menores, desapariciones forzadas, desplazamiento, confinamiento, extorsión, secuestro, entre otros.
La demanda señala que mediante esta acción judicial se busca garantizar la seguridad de los colombianos, ordenando al Presidente de la República y al Ministro de Defensa cumplir de manera inmediata y urgente con la obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional y asegurar las condiciones para el ejercicio de derechos y libertades públicas en todo el país.
El objetivo final de esta acción legal es restablecer los derechos vulnerados a la población, especialmente en regiones como el Catatumbo, Norte de Santander, así como en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que han sido constantemente afectados por las actividades delictivas de grupos armados ilegales y el Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.
