Firmado en el 2018 por el país
Por medio de un documento enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se declare constitucionala firma del Acuerdo de Escazú que se llevó a cabo en el 2018 en Costa Rica.
Según lo explicó el viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez Strauch, los puntos del acuerdo son exequibles, ya que desarrollan los principios de la ‘Constitución Ecológica’, así como complementan los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.
Precisó en esa línea Gómez Strauch que son razonables las medidas del tratado que buscan orientar y asistir al público para facilitar el ejercicio de sus derechos al acceso a la información en materia ambiental, dado que permiten superar una situación de déficit y debilidad de la gestión del medio.
En esa línea, indicó que con relación a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acuerdo optimiza los mandatos constitucionales al establecer que la intervención ciudadana debe ser abierta e inclusiva.
Detalló, que afirmó que debe extenderse a la discusión de temas relacionados con el ordenamiento del territorio, la elaboración de políticas, planes, estrategias y reglamentos, incluso a las negociaciones internacionales que puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente.
Por otra parte, al referirse a la protección de defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales, el viceprocurador aseguró que el Acuerdo de Escazú es congruente con lo establecido en la Constitución, pues hace énfasis en que el Estado colombiano tiene el deber de garantizarles un entorno seguro y propicio para que puedan actuar sin amenazas ni restricciones, ni situaciones que los pongan en peligro.
Vale la pena mencionar, que el Acuerdo de Escazú tiene como propósito mejorar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
