Keralty, el conglomerado internacional propietario de la EPS Sanitas, ha iniciado una disputa legal contra el Gobierno de Gustavo Petro luego de la intervención de la Superintendencia de Salud en sus operaciones.
El abogado Juan David Riveros, representante de Keralty, ha calificado la intervención como ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria.
En una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Riveros mencionó que la demanda incluye acusaciones de prevaricato contra el superintendente de salud, Luis Carlos Leal. Además, destacó que la acción legal no se limita a lo penal, sino que también abarca una recusación contra el Superintendente, argumentando un claro sesgo contra las EPS, evidenciado por publicaciones en redes sociales.
El abogado enfatizó la importancia de la objetividad y la imparcialidad en un cargo tan significativo como la inspección, control y vigilancia, y criticó lo que considera un sesgo en las acciones de la Superintendencia.
Riveros también señaló que están considerando llevar sus preocupaciones a instancias internacionales, debido al impacto de la intervención en la empresa y en el derecho fundamental a la salud.
Además, Riveros calificó la intervención como una posible expropiación indirecta, argumentando que las acciones del gobierno podrían asfixiar financieramente a la EPS. Destacó la suspensión de la asamblea de accionistas como un acto sin precedentes y posiblemente ilegal, lo cual refuerza la percepción de una expropiación indirecta.
La estrategia legal de Keralty no se limitará al ámbito nacional, según Riveros, quien mencionó la preparación de demandas bajo tratados de protección de inversión extranjera, que podrían incluir procedimientos ante tribunales internacionales de arbitraje.
