Tras análisis de evidencias, tribunal decide trasladar investigación sobre masacre al ámbito civil.
La Corte Constitucional ha resuelto que el caso concerniente a la masacre del Alto Remanso, área rural de Puerto Leguízamo (Putumayo), será tratado por la justicia ordinaria penal. Esta determinación surge luego de un análisis exhaustivo que despeja dudas sobre la competencia entre la justicia militar y la ordinaria.
El tribunal considera que, a raíz de los sucesos ocurridos en marzo de 2022, existen elementos que suscitan interrogantes sobre las circunstancias de las bajas, cuestionando la versión de un enfrentamiento con grupos disidentes.
Según el documento oficial, «en el expediente se encuentran elementos de prueba que generan incertidumbre sobre la relación directa, próxima y evidente, entre el desarrollo de la función encomendada a la Fuerza Pública y los hechos en los que perdieron la vida once personas y resultaron heridas otras cuatro».
El tribunal también observa que varias de las víctimas no tenían antecedentes penales, lo que sugiere que la comunidad del Alto Remanso era población civil. «Lo cierto es que es un indicio que permite poner en duda la relación que tenían los muertos con el mencionado grupo delictivo y del respeto al Derecho Internacional Humanitario», destaca el auto.
Además, se señala que la existencia de una misión táctica no es suficiente para probar que los actos se realizaron en cumplimiento de objetivos militares. «La existencia de una misión táctica por sí sola no es prueba de haberse suscitado un combate en desarrollo de la misma», concluyó la corte.
En consecuencia, el expediente y los avances del proceso contra los militares implicados se han remitido al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo (Putumayo) para su notificación a las partes intervinientes.
