A pesar de figurar en sus desprendibles de pago, soldados reportan que la prima no llega a sus cuentas bancarias, generando descontento y preocupación sobre el destino de los fondos.
En un escenario donde el deber y el sacrificio se entrelazan, el día del pago del salario se convierte en un motivo de inquietud para una parte de los soldados colombianos. Mientras son elogiados como los héroes de la patria, se enfrentan a una realidad desalentadora: la prima de orden público, un suplemento destinado a compensar su labor en zonas de riesgo, parece evaporarse misteriosamente antes de llegar a sus manos.
Los desprendibles de pago muestran un incremento de 445.000 pesos en concepto de prima de orden público, sin embargo, este monto no se refleja en sus cuentas bancarias. La sensación es la de un dulce prometido que nunca llega, mientras los soldados se ven obligados a lidiar con la burocracia y la indiferencia.
La situación afecta principalmente a aquellos soldados que se encuentran en el último año de servicio y están en proceso de preparación para el retiro asistido (PPR). Después de dos décadas de servicio, estos profesionales son trasladados a unidades militares cercanas a sus hogares, donde reciben formación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para adquirir habilidades laborales que les permitan reintegrarse a la vida civil.
Los comandantes argumentan que, al no estar activos en operaciones, los soldados en PPR ya no tienen derecho a la prima de orden público, lo que genera controversia dado que algunos de estos batallones siguen desempeñando labores en zonas de riesgo reconocidas por el Ministerio de Defensa.
La incertidumbre sobre el destino de estos fondos se agrava por la falta de transparencia en los criterios para su asignación. Miles de soldados han denunciado ser víctimas de esta situación, donde la decisión de otorgar o retener la prima parece ser arbitraria y discrecional.
«Uno pregunta al Ejército en Bogotá y le dicen: sí, esa plata está disponible para usted, pero allá en el batallón definen si se la pagan o no», afirma uno de los afectados, reflejando la frustración generalizada. Esta situación, además de afectar el bienestar financiero de los soldados y sus familias, plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos destinados al personal militar.
Para los soldados afectados, la situación es aún más alarmante considerando los riesgos que enfrentan en su labor diaria. Existen territorios donde son blanco de organizaciones criminales, lo que refuerza la necesidad de mantener intactos los beneficios que reconocen su sacrificio y valentía.
Expertos en derecho administrativo, como el abogado Nicolás Loaiza, advierten que esta práctica podría constituir un abuso de poder por parte de los comandantes, quienes deciden discrecionalmente quién recibe la prima y quién no. «Solo un juez de la república puede debitar un dinero que ya está sumado en la nómina», señala el jurista, destacando la irregularidad de la situación.
Frente a las denuncias, el Ejército ha respondido que es necesario revisar cada caso de manera individual, una medida que no ofrece garantías suficientes para los soldados afectados. Mientras tanto, estos continúan esperando un pago que parece cada vez más esquivo, sin respuestas claras sobre su destino.
En resumen, la falta de transparencia en la asignación de la prima de orden público no solo afecta el bienestar económico de los soldados colombianos, sino que también pone en tela de juicio la gestión de los recursos destinados al personal militar y sus familias.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
