Viceprocurador destaca la congruencia del tratado internacional con la Constitución en protección ambiental y participación ciudadana.
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Corte Constitucional que ratifique la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú, actualmente en revisión por dicho tribunal, argumentando su consonancia con los principios constitucionales en materia ambiental.
En un comunicado oficial, el viceprocurador Silvano Gómez expresó su respaldo al acuerdo internacional, destacando su relevancia para mejorar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
«Las disposiciones del acuerdo son coherentes con los principios de la ‘Constitución Ecológica’ y contribuyen a fortalecer la gestión ambiental en la región», señaló el viceprocurador Gómez.
El documento de la Procuraduría enfatiza la importancia de las medidas contempladas en el acuerdo para superar el déficit de participación ciudadana en temas ambientales, subrayando la necesidad de una mayor involucración de la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con el manejo de los recursos naturales.
En cuanto a la participación pública en procesos de decisión ambiental, el acuerdo promueve una intervención ciudadana abierta e inclusiva, extendiéndose incluso a negociaciones internacionales con impacto ambiental significativo.
El viceprocurador resaltó también el énfasis del Acuerdo de Escazú en la protección de líderes ambientales, subrayando la responsabilidad del Estado colombiano en garantizar un entorno seguro para su actividad.
El respaldo de la Procuraduría al Acuerdo de Escazú subraya su conformidad con los procedimientos constitucionales, incluyendo requisitos de consulta previa y evaluación de impacto fiscal, así como su alineación con los principios de transparencia y participación democrática en la toma de decisiones legislativas.
