Procuraduría convoca mesa de trabajo para abordar impacto ambiental y compromisos tras denuncias de medios.
Tras las denuncias de diversos medios de comunicación sobre la crisis ambiental desencadenada por el desarrollo de Ciudad Mallorquín, Puerto Colombia se dispone a revisar su Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa de trabajo con representantes de distintos sectores del Atlántico y el Distrito, en respuesta a las preocupaciones planteadas por la construcción de este proyecto urbanístico por parte de Argos, señalado como causante de una tragedia ambiental y urbanística en Barranquilla.
«Estamos aquí atendiendo a una instrucción clara, concreta y directa de la señora Procuradora Margarita Cabello Blanco, en el sentido de poder leer institucionalmente las preocupaciones coincidentes de muchos actores de la región, de la ciudad, del departamento, sobre el posible impacto que tiene el desarrollo urbanístico de lo que se conoce como Ciudad Mallorquín, el impacto ambiental que pueda tener sobre un ecosistema tan importante como lo es la Ciénaga de Mallorquín», explicó Gustavo Adolfo Guerrero, Procurador delegado para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios.
La cita, que marcó el inicio de un proceso de análisis y compromisos, contó con la presencia de la CRA del Atlántico, Barranquilla Verde, el Área Metropolitana de Barranquilla, Triple A, la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, no se registró la asistencia del Ministerio de Vivienda.
«Lo que nosotros buscamos es establecer mecanismos de articulación y acción concretos, que impidan que este ecosistema se vea degradado, no solo el cuerpo de agua, todo el ecosistema, para que se garanticen las compensaciones, el reparto equitativo de cargas y beneficios para la naturaleza y para los ciudadanos», señaló Guerrero.
Entre los acuerdos alcanzados destaca la implementación de mecanismos para la defensa, protección y recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, con especial énfasis en la asignación de recursos financieros para los procesos de restauración ambiental.
Guerrero destacó que la intervención de la Procuraduría responde a las denuncias de los medios de comunicación sobre la crisis ambiental y urbanística generada por el proyecto Ciudad de Mallorquín, así como a la identificación de una desarticulación interinstitucional.
En este contexto, se anunciaron más compromisos, entre ellos la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial por parte de Puerto Colombia. Jesús León, Director de la Corporación Regional Autónoma del Atlántico (CRA), señaló al respecto que «Puerto Colombia tiene un instrumento de planificación de 2017 y Barranquilla de 2014, es decir, después de 7 y 10 años hoy requiere revisión. Nosotros estamos diciendo que es necesario incorporar determinantes ambientales, componentes de gestión de riesgo y cambio climático».
Además, la Procuraduría instó a Barranquilla, Puerto Colombia y el Área Metropolitana a trabajar en conjunto en materia de Ecobloque, para abordar aspectos como la conservación del ecosistema, la gestión de residuos y el ordenamiento territorial.
El Procurador delegado enfatizó que esta fase es preventiva, pero advirtió que, de encontrarse irregularidades, se procederá a trasladarlas para investigaciones disciplinarias.
