El Ministerio Público busca prevenir posibles omisiones que puedan afectar la Ciénaga de Mallorquín.
La Procuraduría General de la Nación ha dado inicio a una fase preventiva para abordar las preocupaciones surgidas en el Atlántico respecto al impacto ambiental que podrían generar proyectos urbanísticos cercanos a la Ciénaga de Mallorquín.
En una reunión celebrada este viernes, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo con representantes del Distrito de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y empresas de servicios públicos, con el fin de abordar directamente esta problemática.
El encuentro estuvo dirigido por el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero-energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero Ruiz, quien destacó que esta medida preventiva permitirá establecer un plan de acción que involucre a comunidades, empresas privadas y autoridades pertinentes. Además, subrayó que si se identifican posibles omisiones, se iniciarán las investigaciones correspondientes.
«Estamos en una etapa preventiva. Si se detectan omisiones o violaciones a las normas ambientales, la Procuraduría procederá con las investigaciones disciplinarias necesarias», afirmó el funcionario.
Guerrero Ruiz explicó que, a partir de esta primera mesa de trabajo, se espera una cooperación activa de todos los involucrados, y se realizarán visitas técnicas para evaluar el área y comprender los posibles impactos en la Ciénaga de Mallorquín.
Respecto a la importancia de esta acción preventiva, el procurador resaltó el valor ecológico de la Ciénaga, catalogada como un sitio Ramsar y reconocida internacionalmente como un humedal de importancia vital.
«La Ciénaga de Mallorquín es un humedal de importancia internacional y alberga la mayor cantidad de manglares en el país. Su deterioro compromete gravemente la base natural que proporciona servicios ecosistémicos esenciales para toda la región», puntualizó.
