Luego de que el Gobierno Nacional determinara intervenir varias EPS por no cumplir correctamente con sus objetivos, la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez aseguró que se establecerán rutas para garantizar la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores que hacen parte de dichas entidades.
De acuerdo con la alta funcionaria, los médicos y en general los trabajadores del sector salud pueden estar tranquilos, ya que desde la cartera que preside garantizarán
la protección de los derechos laborales.
En esa línea, explicó que adelantan una hoja de ruta y un plan especial para acompañar a las y los trabajadores que se sientan vulnerados en sus derechos.
Según detalló, para lo anterior, tienen la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, que cuenta con inspectoras e inspectores que estarán en disposición de atender las querellas o requerimientos que expongan las y los trabajadores.
“Como promotores del diálogo social, estaremos dispuestos a generar mesas y espacios de concertación», agregó.
Por otra parte, señaló que el Ministerio del Trabajo, como garante de los derechos laborales, acompaña las decisiones del Gobierno Nacional en función de promover las políticas del trabajo digno y decente.
Vale la pena mencionar, que recientemente la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa para administrar de la EPS SOS (Servicio Occidental de Salud) y efectuó la toma de posesión de sus bienes y negocios, debido al actual estado financiero de la entidad y con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud a sus 750.029 afiliados en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y Quindío.
“En el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia encontró un crecimiento mayor en los costos de salud frente a los ingresos operacionales, lo que permite entender que la EPS SOS no logra equilibrar su operación financiera, lo cual pone en riesgo la garantía de prestación de salud con oportunidad y calidad a sus afiliados”, señaló el Superintendente Luis Carlos Leal Angarita.
Según lo explicó el superSalud, la EPS se encontraba bajo el seguimiento de las medidas preventivas adoptadas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud desde 2012 y desde 2015 venía incumpliendo los indicadores financieros de capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversión de la reserva técnica.
Además, la Superintendencia constató un aumento en el número de reclamaciones en salud desde 2017 con una de las tasas más elevadas entre las EPS que operan en el del sistema. En ese año la tasa fue de 163.73 por cada 10.000 afiliados y el año pasado, 2023, esta tasa había subido a 444.87.
