Sin lugar a dudas el marco jurídico contemplado en nuestra Constitución Nacional y las leyes, en lo referente al desmonte de las organizaciones que actúan al margen de estas normas en Colombia, continúa originando un gran debate al que se le agregan al de la reforma tributaria, la del actual sistema de salud, al sistema pensional, la laboral, la reforma política, el desmonte de los subsidios a la gasolina, la desaparición de los estratos, la denominada Paz Total y otra larga lista.
Todos sabemos que estas reformas propuestas con bastante antelación se constituyen en los programas banderas del presidente Gustavo Petro, lo cual se puede constituir en su consagración, si estas se logran o su frustración, si no se consolidan en lo que falta de su periodo presidencial; seguramente en un futuro no muy lejano se comprobará si el actual Gobierno es capaz de alcanzar la tan esquiva y anhelada paz o no.
La divulgación de un proyecto de ley que servirá de marco jurídico para intentar el desmantelamiento de las organizaciones criminales sigue activando la polémica nacional alrededor de esa iniciativa pregonada a los cuatro vientos por el presidente Petro.
Mientras el jefe de Estado y una gran parte de sus aliados piensan que este sería un importante legado de su administración, otros desde ya están concluyendo que puede terminar estimulando la violencia – como se está observando en los últimos días– y dándole reconocimiento político a las bandas criminales que se acojan; respecto a este tema, se sabe que un gran conglomerado del pueblo colombiano tiene diversas opiniones.
No obstante, muchos de los partidarios de la Paz Total consideran que es necesario tener un marco legal para lograr el sometimiento de aquellas organizaciones que no pregonan ideologías políticas. Frente a esto, existen muchos convencidos que las normas deben ser el resultado de la realidad a la que se pueda llegar en ese proceso tan polémico en los últimos meses en Colombia.
En la confección de un proyecto de ley de esa magnitud, han participado la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz, algunos congresistas, como también miembros del gabinete y muchos juristas que han difundido divergentes versiones respecto a la norma que se pretende establecer para tal fin.
Como se sabe, ya fue elaborado un primer borrador del importante documento, en el cual se plantea la existencia de una entidad similar a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, a la cual le correspondería la misión de intervenir en los procesos de quienes se acogieran a esta.
Es aquí donde surge la controversia, porque una iniciativa de esas características podría contradecir el acuerdo de paz con las Farc, el que incluso fue integrado a la actual Constitución Nacional.
No obstante lo anterior, quedará plasmado en el documento que se encuentra en estudio, que cualquier acercamiento futuro con disidentes o desertores debería hacerse en el marco de la justicia ordinaria.
Hay que anotar que el texto del referido documento también se había incluido lo referente a la posibilidad que los miembros de las agrupaciones hoy al margen de la ley, que se acojan a la normatividad proyectada, entreguen voluntariamente los bienes que posean y que los declaren como resultado directo o indirecto de sus actividades; todo lo anterior nos hace colegir que es mucha tela la que falta por cortar.
