Fiscales y expertos indagan sobre el destino de más de nueve billones de pesos, que debían ser destinados para mejorar el servicio de salud pero habrían sido desviados para otros fines.
En el marco de una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, un equipo especial conformado por fiscales, expertos y peritos está llevando a cabo las primeras pruebas sobre posibles inconsistencias en el manejo de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación (UPC) por parte de varias Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Según los avances preliminares de la Contraloría General de la República, se ha detectado una falta de claridad en la destinación de más de nueve billones de pesos por parte de algunas EPS. Estos fondos, que estaban destinados para mejorar la atención y el servicio de salud, aparentemente fueron desviados hacia el pago de deudas, inversiones, producción de carnets, compra de bienes y pago de honorarios, en lugar de ser utilizados para su fin inicial.
La investigación de la Fiscalía se basa en los primeros hallazgos de la Contraloría y tiene como objetivo principal inspeccionar los informes financieros y técnicos, así como los registros relacionados con las rutas del dinero y los usos que las EPS hicieron de los recursos de la salud.
Una vez completada esta fase inicial de la investigación, la Fiscalía procederá a citar a declarar e interrogar a los funcionarios y representantes de las EPS implicadas en el caso, con el fin de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó personalmente esta investigación penal tras una reunión con el contralor general de la República y el defensor del Pueblo, en la que se acordó trabajar de manera conjunta en la defensa de los recursos de la salud de los colombianos.
