Cuando el dedo ligero e inquisitorio de un externo con autoridad señala responsables de situaciones reprobables en el ámbito de la escuela, por lo menos tres dedos apuntan en la dirección correcta en la determinación o individualización de quienes tienen un mayor grado o nivel de culpa.
En el lamentable caso viralizado a través de redes sociales y que involucra a una estudiante de la IED Técnico Nacional de Comercio y en el manejo mediático, más que institucional, otorgado por la Secretaría de Educación Distrital, no cabe duda que el enunciado planteado en el párrafo precedente tiene pleno cumplimiento.
Más allá del interés por mostrar hacia el público que se actúa diligentemente, lo que a la luz del derecho constitucional queda claro es que el propósito de búsqueda de responsables y de sometimiento de los mismos al escarnio y a la sanción social, sin ni siquiera habérseles escuchado, constituye ya de por sí una vía de hecho que transgrede el debido proceso y vicia la legalidad de una actuación que ni siquiera se ha iniciado formalmente.
Si de lo que se trata es de buscar chivos expiatorios y de restar presión a la administración la forma no ha sido la correcta. No es a expensas de una institución, de su cuerpo directivo y docente y menos mediáticamente como debe abordarse el problema. Creeríamos por el contrario que sí, desde la asunción de responsabilidades institucionales.
Y es que no es culpa de los maestros y maestras y si de las políticas públicas de las que se les sustrae que haya inclusión sin condiciones para la misma. La Secretaria, primera garante de los derechos de accesibilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, debería vigilar, por ejemplo, desde la fase de elaboración de planos que las Instituciones Educativas cumplan con normas técnicas como la 4595 y que se garantice como mínimo rampas para no hablar de la operatividad de ascensores que nunca cumplieron su cometido y que hoy son trampas mortales y elefantes blancos sin ningún sentido diferente al enriquecimiento de contratistas.
Ya suficiente violencia se ejerce a diario contra servidores públicos docentes como para que las autoridades promuevan también linchamientos mediáticos. Si la docente encargada de un grupo de 43 estudiantes hubiese dejado de cumplir con sus deberes para con 42 niños y hubiese ocurrido algo a alguno de los mismos también estaría siendo objeto de señalamientos desde la comodidad de funcionarios en amplios escritorios y aires acondicionados sin idea de lo que afrontan y enfrentan los docentes con las uñas y a diario.
Ojalá las autoridades coloquen la lupa y los reflectores sobre los verdaderos responsables de situaciones lamentables como la presentada y no sobre el eslabón más débil de la ecuación que es el docente.
ALBERTO ORTIZ SALDARRIAGA
