El informe advierte deficiencias en acciones de vigilancia y control de la entidad, poniendo en riesgo recursos del sistema de salud.
La capacidad de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) para intervenir entidades como Sanitas y Nueva EPS ha sido puesta en entredicho según un informe revelado por la Contraloría General de la República. A pesar de que la intervención se sustenta en hallazgos del ente de control, la Supersalud no dispondría de los recursos ni la infraestructura necesaria para asumir la administración de estas EPS, según testimonios de funcionarios y el informe de la Contraloría.
El documento de 20 páginas, dado a conocer por un medio de comunicación nacional, señala que la advertencia sobre las deficiencias en las EPS bajo vigilancia, intervención o liquidación se envió al Superintendente de Salud, Ulahi Dan Beltran, con copia al presidente Gustavo Petro. En este, se destaca la inminente pérdida de recursos públicos del Sistema de Salud debido a la gestión deficiente en estas entidades.
«Nunca una EPS intervenida ha sido retornada a sus dueños», destaca el informe, señalando que este proceso conlleva a una disminución en los indicadores y afecta la calidad del servicio prestado a los usuarios. Además, se resalta que las acciones sancionatorias no están corrigiendo los incumplimientos, lo que representa un riesgo financiero para las IPS y afecta la calidad de atención a los afiliados.
La Contraloría ha detectado que las EPS bajo vigilancia especial, intervención o proceso de liquidación enfrentan dificultades para cancelar sus deudas con los prestadores. Ejemplo de ello son entidades como AMBUQ, MEDIMAS, COOMEVA y COMPARTA, que presentan saldos pendientes de pago por más de $100.000 millones de pesos a octubre de 2022, con un riesgo inminente de no pago.
El informe también revela que las EPS intervenidas por la Supersalud siguen presentando deudas y deficiencias en la prestación del servicio, a pesar de estar administradas por agentes de la entidad. Además, se observa una discrepancia en las cifras reportadas por las aseguradoras y los prestadores, lo que dificulta establecer el valor real de la cartera de estas entidades.
Pese a las multas impuestas, se evidencia una reiteración de conductas indebidas por parte de las EPS en vigilancia, intervención o liquidación, según la Contraloría. Esto pone de manifiesto una falta de acción efectiva de control por parte de la Supersalud para evitar estas conductas reincidentes, lo que implica un riesgo inminente de pérdida de recursos en el sistema de salud.
En resumen, el informe de la Contraloría refleja una preocupante situación en cuanto a la capacidad de la Supersalud para intervenir y controlar adecuadamente las EPS del país, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de salud y la calidad de atención para los usuarios.
Interrogantes sobre la idoneidad de Supersalud para gestionar Sanitas y Nueva EPS
Funcionarios encargados del seguimiento a la Superintendencia de Salud, en diálogo con Caracol Radio, han expresado su preocupación. Según sus testimonios, lo observado en las visitas indicaría una carencia significativa de recursos y capacidad administrativa por parte de la Supersalud. Específicamente, señalan la falta de infraestructura y suficiencia administrativa para gestionar entidades de la magnitud de Sanitas o la Nueva EPS.
Se emiten alertas sobre la persistente crisis en el sector, que podría agravarse aún más. Destacan el hecho de que ninguna EPS intervenida ha sido devuelta a sus propietarios, sino que, por el contrario, los indicadores continúan en declive y la calidad del servicio se ve notablemente mermada.
Durante los recorridos de inspección realizados en las instalaciones, el equipo auditor ha constatado, según los relatos proporcionados, la falta de personal adecuado y la insuficiencia operativa de la Supersalud. Este panorama sugiere que la entidad carecería de los recursos humanos y la capacidad necesaria para administrar las entidades intervenidas, poniendo así en peligro el acceso a la atención en salud de aproximadamente 17 millones de usuarios.
El informe subraya la urgencia de mejorar la eficacia de las medidas de control y vigilancia con el fin de garantizar un flujo de recursos óptimo en el sistema de salud. Este enfoque busca prevenir pérdidas financieras y salvaguardar la calidad de la atención brindada a los afiliados, constituyendo un aspecto fundamental en la gestión de la crisis que enfrenta el sector.
