Luego de producirse las recientes intervenciones del Gobierno a Sanitas y a la Nueva EPS, el argumento para tomar estas determinaciones consideradas como forzosas, sigue girando alrededor de los posibles desequilibrios financieros, los cuales según lo divulgado por la Superintendencia de Salud ayer, ponen en riesgo la futura atención para millones de afiliados en todo el territorio nacional.
Según lo esbozado por la señalada entidad gubernamental, gran parte de las EPS intervenidas hasta la fecha, entre las cuales la Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Emsanar, Savia Salud y Asmed, sus estados financieros reportados evidencian «preocupantes situaciones» económicas.
Ante esta avalancha dirigida al sector de la salud en Colombia ya la Contraloría General había señalado que estas EPS cuentan con una situación financiera que les posibilitaba garantizar la prestación de servicios de salud a sus afiliados, sin embargo figuran entre las intervenidas.
A su vez, el gremio de las E.P.S. aliadas hizo un urgente llamado a proteger el sistema de salud colombiano en medio de las intervenciones ejecutadas y resaltó que «la decisión del Gobierno de abstenerse de transferir los recursos al sistema, a pesar del llamado del poder judicial, ha provocado un déficit que ahora es un factor clave en la justificación de la intervención estatal en las empresas antes nombradas”.
En medio de la turbulencia que se ha generado alrededor de esta apremiante situación por la intervención de algunas E.P.S. varios congresistas y hasta altos funcionarios del actual Gobierno se han pronunciado en el sentido de que se avecinan nuevas intervenciones bajo la misma línea argumentativa del déficit financiero, el cual según los directivos de estas entidades lo han venido arrastrando desde la época de la pandemia del Covid-19.
Durante las inspecciones a las instalaciones, el equipo auditor ha observado, según testimonios conocidos por LA LIBERTAD, que la Superintendencia de Salud no dispone del personal ni de la capacidad operativa suficiente para gestionar la administración de las entidades que están siendo intervenidas, lo cual podría poner en riesgo el acceso a la atención en salud para aproximadamente 17 millones de colombianos.
Entre las causas del desbalance, las Empresas Prestadoras de Salud han enfatizado que fueron deudas acumuladas por parte del Gobierno durante la pandemia del covid, las cuales no fueron reconocidas por el Gobierno Nacional, que con la falta de reglamentación para el saneamiento definitivo de los pasivos del Estado con el sector salud, acentuaron la incertidumbre, la existencia de condiciones regulatorias discrecionales y facultativas por parte del regulador de la actividad, para autorizar los pagos, que hasta la presente no les han sido cancelados por las entidades gubernamentales encargadas de estos menesteres.
A propósito, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por presuntas irregularidades en la intervención de la EPS Sanitas, partiendo del tópico relacionado con las deudas pendientes de pago por parte de la entidad gubernamental pertinente.
Igualmente el gremio de las E.P.S, aliadas hizo un llamado urgente tendiente a la protección del sistema de salud colombiano en medio de las intervenciones ejecutadas y resaltó la decisión del Gobierno de abstenerse de transferir los recursos al sistema de salud, a pesar del llamado del poder judicial, enfatizando que dicha decisión ha provocado un déficit que ahora es un factor clave en la justificación de la intervención estatal en las Empresas Prestadoras de Salud en Colombia.
