La intervención de la EPS Sanitas por parte del Gobierno ha generado una intensa polémica en la clase política colombiana.
La intervención de una empresa por parte del gobierno no implica necesariamente una expropiación, pero sí refleja la misma acción de asumir el control de una empresa que no cumple con las expectativas o atraviesa por dificultades económicas.
La medida, que también incluyó el control sobre la Nueva EPS, ha sido criticada por diversos sectores, que la ven como una expropiación encubierta y una intromisión indebida en el sector privado de la salud.
Según la Superintendencia de Salud, la intervención se basa en los estados financieros de la empresa y la crisis de deudas que enfrenta. Se ha tomado posesión de bienes, haberes y negocios, y se ha establecido una intervención forzosa administrativa. Sin embargo, algunos críticos, como el expresidente Iván Duque, han sugerido que la medida podría ser una estrategia para que el Gobierno asuma el control del aseguramiento de los pacientes.
La Superintendencia ha argumentado que la intervención es necesaria para corregir errores administrativos y garantizar la prestación de servicios de salud a nivel nacional. Se han citado problemas como el aumento en la tasa de reclamaciones en salud y la situación financiera de la EPS.
La intervención de Sanitas ha despertado preocupaciones sobre la estabilidad del sistema de salud en Colombia y ha generado un debate sobre el papel del Gobierno en la regulación y supervisión de las empresas privadas en el sector. Algunos opinan que, en lugar de intervenir directamente, el Gobierno debería haber buscado alternativas para acompañar y salvar a la empresa en crisis.
