El 74.98% de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) del país están vencidos. Se trata del instrumento definido en la Ley 388 de 1997 de Colombia, que debe ser usado por los municipios y distritos del país para que planifiquen el ordenamiento de su territorio. Incluye objetivos, políticas, metas, estrategias, acciones, programas y normas que orientan el desarrollo físico del territorio y la utilización o usos del suelo y tiene una vigencia de 12 años, es decir, tres periodos de gobierno.
Esta situación tiene efectos negativos en el ordenamiento del territorio y en la calidad de vida de los ciudadanos, víctimas de la falta de planeación y gestión de sus municipios.
Datos arrojados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), georreferenciados por el sistema ArcGIS de Esri Colombia, empresa de tecnología líder en Sistemas de Información Geográfica SIG, dan fe de que la desactualización de los POT en el país es crítica. No hay ningún departamento completamente actualizado y, por el contrario, la mayoría de los planes de ordenamiento están vencidos o por vencerse.
Los departamentos con más POT vencidos son Boyacá (109), Cundinamarca (89), Antioquia (72), Santander (69), Cauca (39), Bolívar y Tolima (37 cada uno) y Valle del Cauca (35). En departamentos como Guaviare, Guainía, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada no hay ni un POT vigente y solo Cesar tiene más POT vigentes que vencidos (11 vs 10).
Sobre el caso de Atlántico, de los 23 municipios que tiene el departamento, 5 tienen su POT vigente (22.73%%), 15 lo tienen vencidos (68.18%), en 2 municipios están por vencerse (9.09%) y un municipio (Ponedera) ni siquiera tiene POT.
Respecto esta preocupante situación, Jorge Iván González, ex director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y una de las personas que lideró el PND del Gobierno actual, planteó que el principal problema del país, desde el punto de vista económico, social y ambiental, es el ordenamiento del territorio. La desactualización de los POT es la expresión de la falta de articulación y preocupación por el ordenamiento territorial. Un ejemplo claro son los POT de Bogotá y Chía, que no están alineados respecto a la conservación de los cerros que comparten.
“El ordenamiento del territorio implica el agua, la violencia, la deforestación y la minería ilegal, entre otras cosas, y Colombia tiene grandes dificultades para lograr ese ordenamiento. La gran evolución está en la implementación del catastro multipropósito. Si se logra la meta del PND, de actualizar 660 municipios, se logrará un avance en el ordenamiento del territorio, y esto permitirá avanzar en los POT”, explicó.
En el visor vigencias de POTs se puede evidenciar también que apenas el 17.89% de los planes de ordenamiento territorial en Colombia están vigentes, pero de estos el 7.14% están por vencerse.
Al respecto, el arquitecto urbanista Camilo Santamaría también considera que el catastro multipropósito es la clave para el desarrollo de los POT, pues es la falta de información que tienen los municipios lo que dificulta la cartografía, razón por la que la implementación del catastro es necesaria y urgente.
“Pero hay más variables que inciden en el tema de la vigencia de los POT, dos de ellas tienen que ver con el hecho de que las administraciones tardan hasta cuatro años haciéndolo y que estos mecanismos se tornaron políticos y dejaron de ser técnicos. Los POT deben hacerlo grupos técnicos independientes, que trabajen en conjunto con los territorios, pero libres de ideologías”.
Yull Salcedo, director de Gobierno de Esri Colombia mencionó que “es gracias a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que las entidades e instituciones del país pueden analizar la situación geográfica mediante la integración de datos geoespaciales, lo que permite tomar mejores decisiones en términos de gestión y ordenamiento territorial”.
El momento de la actualización de estos instrumentos son oportunos para que los municipios reformulen el ordenamiento de su territorio, con la participación activa de la comunidad y de los sectores productivos, y para que, en conjunto, se formule un plan de largo plazo que considere temas medio ambientales, rurales, urbanos, de infraestructura, migratorios y, en general, sostenible para los 12 años siguientes.
