No hay que negar que la historia política de Colombia se ha desarrollado en medio de una permanente tensión, la que siempre se ha mantenido entre la guerra y la búsqueda de la paz, una situación que se presenta desde el mismo origen de nuestro Estado Social de Derecho, no se puede negar que los conflictos y la violencia siempre han sido los elementos constitutivos de la identidad de nuestra nación.
Tampoco hay que desconocer que el conflicto armado en Colombia se ha caracterizado por ser el más largo del mundo, el que ha dejado miles de víctimas a su paso y que la búsqueda de la paz ha sido en diferentes momentos y escenarios históricos, el principal objetivo.
Indiscutiblemente la paz se constituye en uno de los más importantes anhelos históricos del pueblo colombiano, seguramente que esa fue una de las obsesiones de los constituyentes que intervinieron en la redacción de la actual Carta Magna –promulgada el 4 de julio de 1991– la misma que contiene un incólume aspecto, el que que quedó condensado en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Nuestra Constitución está llamada a ser un tratado de paz entre los colombianos y al servicio de esa causa dedicaron una gran parte de sus esfuerzos los constituyentes que la redactaron, de ahí que ellos se hubieran empeñado en materializar ese ideal tan esquivo de la paz, en un artículo que lo objetivara en un derecho y al mismo tiempo en un deber de obligatorio cumplimiento.
Las dificultades que implican más de 70 años de violencia en Colombia reclaman que las conversaciones avancen y comiencen a producir positivos resultados, ojalá se obtengan pronto, para evitar que ese esfuerzo también caiga en el descrédito que ha sepultado todos los intentos anteriores.
Es por eso que la meta de Colombia tiene que ser la paz en el más riguroso sentido de lo esencial; la paz que además del abandono de las armas de los diferentes grupos subversivos, representa la construcción de una nación libre de factores que puedan exponerla a nuevas confrontaciones, de muerte y frustraciones; creemos que no hay causa más prioritaria para Colombia que un punto final al conflicto armado.
Tal como se ha venido dilucidando en los últimos meses, ya perdieron vigencia las resoluciones que dieron vida a un posible cese al fuego por parte del el Estado Mayor Central de las Disidencias de las Farc y otros grupos armados que a pesar de los obstáculos existentes han dado pequeñas luces de la posibilidad de un acuerdo que se compadezca con la ‘Paz Total’ que ha venido pregonando el presidente Gustavo Petro, en aras de consolidar un verdadero proceso que ponga punto final al actual conflicto armado.
Como se recordará, el 31 de diciembre de 2022, el Gobierno en cabeza del Presidente de la República, anunció el inicio del cese al fuego bilateral con cinco organizaciones armadas ilegales, entre las cuales el ELN, Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el grupo Sierra Nevada.
Sin lugar a dudas el marco jurídico contemplado en nuestra Carta Magna y la ley, en lo relativo al desmonte de las organizaciones criminales en Colombia, han originado un gran debate que se le agrega al de la reforma tributaria, al actual sistema de salud, al de las pensiones, la laboral, la reforma política, al desmonte de los subsidios a la gasolina, y otra catajarria más.
