Fiscalía extiende pesquisas por incremento patrimonial y hallazgo de joyas no declaradas en posesión de la presidenta.
La Fiscalía de Perú ha decidido dar un nuevo impulso a la investigación conocida como «Caso Rólex», enfocándose en aspectos que involucran directamente a la presidenta Dina Boluarte y su patrimonio, generando una mayor controversia en el ámbito político del país.
Este cambio de rumbo en la investigación surge luego del descubrimiento de relojes de lujo y otros objetos valiosos en posesión de la mandataria, desencadenando una serie de acciones legales que buscan esclarecer su origen y legalidad.
Los allanamientos realizados tanto en el Palacio de Gobierno como en la residencia de Boluarte en Surquillo, Lima, fueron determinantes para formalizar la ampliación de la investigación. El Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha comunicado esta decisión a la Comisión de Fiscalización del Congreso, aunque ha mantenido cierta reserva sobre detalles específicos.
La investigación se centra en tres aspectos principales: el notorio aumento patrimonial de Boluarte, la posesión de joyas no declaradas, entre ellas una pulsera Cartier valuada en 53 mil dólares, y depósitos financieros de origen desconocido por más de un millón de soles durante su mandato como ministra.
En medio de este escenario, Boluarte ha evitado comparecer ante el Congreso, argumentando compromisos previos y la situación judicial en la que se encuentra. La negativa a declarar ha generado tensiones en el ámbito legislativo y ha motivado explicaciones detalladas por parte del fiscal Villena ante la Comisión de Fiscalización.
El caso también ha puesto bajo la lupa al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien será citado por su supuesta vinculación con el «Caso Rólex». Las sospechas se basan en la adquisición de un reloj del mismo modelo que se encontró en posesión de Boluarte.
La posibilidad de presentar una denuncia constitucional contra Boluarte no se descarta, dependiendo de los hallazgos de la investigación. La Fiscalía ha aclarado que la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) brinda apoyo, pero no administra directamente el caso.
El debate sobre la solicitud de facultades de comisión investigadora contra Boluarte continuará en el Congreso, reflejando las tensiones y divergencias presentes en este complejo escenario político y judicial.
