Por: Alberto Ortiz Saldarriaga
Los maestros y maestras del sector público hemos sido defensores, de primera línea, de lo público y críticos por principios de los procesos de privatización que convirtieron derechos fundamentales en mercancías. Por ello, a pesar de los embates neoliberales, le entregamos incólume al actual gobierno un sistema público educativo lo que es producto de años de histórica resistencia.
No ocurrió así con la red pública de salud, raquitizada y destruida de manera inmisericorde por quienes vieron (para ellos y para sus amigos) en la salud de los colombianos una posibilidad de negocios para enriquecerse a expensas de la vida de millones de colombianos en medio de una grosera desfiguración y sustitución del estado social de derecho de 1991 por un estado antisocial de hecho.
Compartimos por tanto la tesis que, en un país con un sistema público de salud fuerte y ejemplo en la implementación de tecnologías médicas de última generación, no deberían tener cabida ni sentido los regímenes especiales. No obstante, estamos a años luz de ese tipo de realidades. En la dirección de ese inexistente fortalecimiento de lo público en salud son necesarias más que reformas que dependan de un congreso, contrario a los intereses del pueblo, acciones concretas de gobierno.
Y es que pese al giro que dio la Constitución de 1991, al colocar al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado (Artículo 311), seguimos anclados al modelo departamentalista de 1886, lo que se refleja -por ejemplo- a nivel de educación superior, en una estructura universitaria departamentalizada, lo que no es ajeno a la salud y explica también por qué no existen en las ciudades capitales donde se concentra la mayor parte de la población del país, hospitales públicos de alta complejidad que compitan con lujo de detalles con la oferta privada.
Hoy, el «cambio» de modelo de salud de los maestros, sin que ello implique un tránsito hacia el fortalecimiento y la consolidación de lo público y de la salud como derecho fundamental, constituye un retroceso hacia los años en los que la concentración venció a una atomización de la prestación que hoy retorna, bajo los mismos postulados de «libertad de escogencia», mismos que fueron utilizados para precisamente poner a competir bajo condiciones inequitativas a un debilitado sistema público con un fortalecido sistema (negocio) privado, en el que a los hospitales públicos se les cambió el modelo de financiación (de subsidio a la oferta a subsidio a la demanda) para aniquilarlos, bajo la lógica que, “quien no prestara servicios, no facturaba y que quien no lo hiciera debía desaparecer”.
Por supuesto que los maestros en particular y los colombianos en general nos merecemos una atención en salud con calidad y calidez, pero ello no se logra desde transformaciones estéticas, de forma y no de fondo, y menos desde el mantenimiento de un degenerado desequilibrio evidente entre lo público y privado en el que una «libertad de escogencia» no permite optar por lo público y solo deja abierto un abanico de opciones privadas, de aquellos a quienes por una especie de ingenua unción divina deja de concebírseles como «mercaderes de la salud».
Desde luego compartimos que debe hacerse un tránsito hacia un modelo que desde lo público garantice una concepción predictiva y preventiva en materia de salud, pero eso no va a resolver y antes sí puede agudizar la situación de salud de una población como la del magisterio, envejecida y con enfermedades de naturaleza irreversible en los que el modelo propuesto lamentablemente ya no resuelve nada.
Por ello, reafirmando nuestro deseo de que podamos por fin alcanzar una atención en salud que reivindique la dignidad, hasta hacerla costumbre, creemos necesario expresar nuestras reservas y temores y, de cara a las bases del magisterio, hacer un salvamento parcial de voto y advertencia pública sobre lo que consideramos un cambio que no necesariamente garantiza resolver de fondo, y no de forma, los gravísimos problemas de salud de los maestros y maestras del país
Quienes siendo directivos y antes de serlo pusimos el “cascabel al gato” y denunciamos (documentadamente), sin compromisos con nada diferente a la verdad, la perversidad de un «régimen especial» que en materia de salud no tuvo en la práctica nada de especial, tenemos la autoridad moral para expresar nuestro disenso frente a un nuevo modelo que podría llegar a ser eficiente pero que no brinda garantías de que así sea en el más corto tiempo, que es lo que necesitamos y merecemos.
Finalmente, consideramos que en virtud del principio constitucional de participación de todos en las decisiones que los afectan no se justifica que decisiones trascendentales sean definidas por élites sindicales, cuando lo que se debería apelar es a la democracia participativa y no a la vetusta democracia representativa. FECODE y sus filiales disponen del instrumento plebiscitario para no tomar decisiones inconsultas y/o de espaldas a sus bases.
