Las playas son públicas y el pueblo tiene derecho a gozarlas.
Tras el anuncio realizado por el alcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuellos, de prohibir los denominados paseos de olla durante la Semana Santa, las críticas no se hicieron esperar por parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta que tienen derecho al disfrute de los distintos balnearios y que muchos hogares optan por esta opción tras no contar con los recursos necesarios para poder adquirir sus alimentos en los lugares turísticos. La medida que buscó regular el acceso a las playas públicas durante el período vacacional ha suscitado rechazo y preocupaciones entre la población local.
El paseo de olla, una práctica arraigada en la cultura colombiana, no solo representa un momento de esparcimiento para las familias, sino también un derecho fundamental de acceso a los espacios naturales compartidos. Sin embargo, la decisión del alcalde de impedirle el acceso fue percibida como una medida discriminatoria y clasista por parte de diversos sectores de la sociedad.
Teniendo en cuenta que aquellos que optan por los paseos de olla, son especialmente los que carecen de recursos económicos y a quienes les fue limitada la capacidad de disfrutar de las playas públicas de manera accesible y económica. Para muchos, esto reflejó una falta de consideración hacia las condiciones socioeconómicas de una parte significativa de la población.
Las redes sociales se convirtieron en un espacio para expresar la indignación y el descontento ante lo que algunos consideran una medida arbitraria y excluyente. “Es una medida clasista, que raya en el fascismo y la inconstitucionalidad, que no puede discriminar ciudadanos por su nivel adquisitivo y debe procurar la igualdad de derechos, no promover la inequidad” indicó un ciudadano en su cuenta de X.
Es importante destacar que estos paseos no solo se presentan en la capital del Magdalena sino también es una tradición que se lleva a cabo a nivel nacional, por lo que la comunidad insta a la administración local a reconsiderar esta medida y a buscar soluciones que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica.
Esta situación pone de relieve la importancia de adoptar medidas que tengan en cuenta las diversas realidades socioeconómicas de la población y que busquen garantizar el acceso equitativo a los recursos naturales y espacios públicos, en línea con los principios de justicia social y derechos humanos.
