El excanciller expresa preocupación por falta de concreción en proceso licitatorio y decisiones polémicas en la entidad.
El excanciller José Salazar ha emitido declaraciones contundentes respecto a las recientes acciones administrativas que han rodeado el proceso licitatorio para la expedición de pasaportes en el país. En medio de un escándalo que ha sacudido al Ministerio de Relaciones Exteriores, Salazar ha expresado su preocupación por la falta de concreción en este proceso y por las decisiones polémicas que se han tomado al respecto.
En referencia a la resolución 2638 de 2019, donde se delegaron responsabilidades a diversas instancias dentro de la Cancillería, Salazar señaló que este contexto es crucial para entender la situación actual. Destacó que bajo la administración de Álvaro Leyva se modificaron ciertos aspectos de la licitación, declarándola desierta y generando un revuelo que ha llegado hasta la gestión actual de Luis Gilberto Murillo.
La resolución 1344, firmada recientemente, ha devuelto ciertas facultades a la secretaría general, lo que ha levantado suspicacias y ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Salazar hizo hincapié en que existen argumentos jurídicos sólidos para oponerse a la adjudicación del contrato, especialmente ante la falta de competencia en el proceso licitatorio.
El excanciller recordó las palabras del presidente de la República, Gustavo Petro, quien señaló la inviabilidad de un proceso licitatorio con un único proponente. Aunque las normativas legales podrían permitir la adjudicación a Thomas Greg & Sons, Salazar insiste en que debe respetarse la pluralidad y competencia en estos procesos.
En cuanto al juicio disciplinario contra Álvaro Leyva, Salazar reconoció las irregularidades en la licitación de los pasaportes como motivo central de la investigación. Sin embargo, también destacó la importancia de garantizar el derecho de defensa en todo momento. La Procuraduría ha respaldado estas garantías, aunque ha desestimado los argumentos de vulneración del exministro suspendido.
El escándalo ha tenido repercusiones importantes en la entidad. La suspensión de Álvaro Leyva por tres meses y la salida de Martha Lucía Zamora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado son ejemplos de ello. Salazar reveló que la Contraloría había advertido sobre la necesidad de concluir el proceso licitatorio, pero las acciones no fueron suficientes para evitar la crisis.
En cuanto a las acusaciones en su contra, Salazar afirmó que fueron formuladas por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado debido a supuestas atribuciones indebidas y contratos irregulares. Sin embargo, destacó que existían opiniones favorables, como la de Martha Lucía Zamora, que abogaban por la concesión del contrato a Thomas Greg & Sons. Esta decisión, según Salazar, precipitó la renuncia de Zamora.
