Primer ministro califica acciones como desproporcionadas e inconstitucionales, mientras presidente peruana es investigada por enriquecimiento ilícito.
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, condenó en términos enérgicos los recientes allanamientos realizados por la policía y la fiscalía en la vivienda y sede de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, calificándolos como un «grave atentado a la dignidad presidencial». Según Adrianzén, estas acciones representan un ultraje no solo a la figura de la mandataria, sino también a la institución que ella representa y al país en su conjunto.
En declaraciones a la radio y televisión RPP el pasado sábado, Adrianzén expresó su repudio hacia lo ocurrido, afirmando que «Lo que ha sucedido constituye un intolerable atropello a la dignidad de la Presidencia de la República y a la Nación que representa. Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales».
Los allanamientos, realizados en medio de una investigación sobre la omisión de declaraciones de bienes, específicamente relojes Rolex, por parte de la presidenta Boluarte, han generado una profunda controversia en el ámbito político del país sudamericano. Desde el pasado 18 de marzo, Boluarte se encuentra bajo escrutinio por presunto enriquecimiento ilícito y la omisión de información en documentos públicos.
En relación con estos acontecimientos, el jefe del gabinete ministerial también expresó su solidaridad con la presidenta y rechazó cualquier intento de desestabilización política bajo un manto de legalidad cuestionable. «Los ministros de Estado expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales», añadió Adrianzén.
A pesar de las circunstancias, Boluarte continúa colaborando con la fiscalía en el marco de la investigación, aunque Adrianzén señaló que la reprogramación de su citación a declarar no fue aceptada, generando un ambiente de incertidumbre en torno al proceso judicial en curso.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución peruana, en caso de una acusación formal, Boluarte solo podría ser sometida a juicio después de que concluya su mandato en julio de 2026. Sin embargo, existe la posibilidad de que el Congreso inicie un proceso de vacancia (destitución) argumentando «incapacidad moral» derivada de este escándalo.
