Allanamiento a residencia de presidenta de Perú en medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito

Dina Boluarte, vicepresidenta de Perú.

En una acción coordinada entre la Fiscalía y la Policía Nacional, se llevó a cabo un allanamiento en la residencia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ubicada en el distrito limeño de Surquillo, como parte de una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito.

El operativo, realizado cerca de la medianoche del viernes, fue autorizado por el juez supremo Juan Carlos Checkley, en respuesta a una solicitud del fiscal general, Juan Carlos Villena. Según fuentes judiciales, se busca recabar información relacionada con la presunta omisión de declaraciones en documentos, en el marco de la pesquisa sobre enriquecimiento ilícito que involucra a la mandataria.

Medios locales transmitieron imágenes que muestran a agentes forzando la entrada principal de la vivienda de Boluarte después de no recibir respuesta al llamar repetidamente. Se informó que la presidenta no se encontraba en casa en ese momento, pero uno de sus hijos estaba presente, seguido por la llegada de un abogado de la mandataria.

Hasta el momento, ni la Presidencia de Perú ni el Ministerio Público han emitido declaraciones formales sobre los detalles específicos del allanamiento. La controversia entre ambas instituciones ha marcado el desarrollo de la investigación, particularmente en torno a la declaración de bienes como relojes de lujo por parte de Boluarte ante el Jurado Nacional de Elecciones y la Fiscalía.

La semana pasada, Boluarte afirmó su disposición para colaborar con la investigación, negando cualquier irregularidad en su patrimonio. Sin embargo, el fiscal supremo Hernán Mendoza expresó ante el Congreso que la actitud de la mandataria, al no acudir a citaciones previas, entorpece el proceso investigativo.

El ambiente alrededor de la residencia de la presidenta se mantuvo tenso durante la madrugada del sábado, con un fuerte despliegue policial y la presencia continua de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional y fiscales, en medio de un escrutinio público y mediático intenso sobre este caso.