Fiscalía radica acusación por reparto irregular de contratos de recursos de paz en el Departamento de Prosperidad Social.
La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso contundente en el caso de corrupción denominado «Marionetas 2.0», al radicar el escrito de acusación contra varios individuos presuntamente implicados en este escandaloso entramado. Este caso se caracteriza por el supuesto direccionamiento de contratos desde el Departamento de Prosperidad Social (DPS), utilizando recursos destinados para la paz.
La lista de los llamados a juicio está encabezada por Pierre García Jacquier, conocido como «el cerebro del entramado», quien fuera director del DPS. También están incluidos en la acusación Katherinne Rivera Bohórquez, exasistente del exsenador Ciro Ramírez, y los contratistas Anderson González, Raúl Alfonso Cardozo Nuncira y Andrés José Ospina.
Según revela el documento judicial, en esta presunta empresa criminal se concertaron otras personas, entre ellas los senadores Ciro Ramírez, Miguel Ángel Barreto y Carlos Motoa, así como Julio Cesar García, candidato a la Cámara de Representantes, y Óscar Humberto Leyton Carrillo, enlace del senador Miguel Barreto, junto a Geancarlo Storino, enlace del senador Carlos Motoa, entre otros.
Los presuntos implicados enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
«La organización criminal tenía como fin el direccionamiento irregular de la contratación pública, en aras de hacer prevalecer intereses económicos particulares sobre el interés general que debe regir la contratación estatal, además se pretendía fortalecer el caudal político de los senadores en las regiones», argumentó la Fiscalía.
Las investigaciones señalan que el objetivo de este presunto entramado era direccionar de manera irregular el contrato 670 de 2021, valuado en más de $70.000 millones de pesos.
Asimismo, los fiscales resaltaron que García Jacquier no impartía instrucciones verbalmente, sino que las registraba en una tablet o de manera escrita, para que los demás las conocieran, y posteriormente, las eliminaba.
Todo esto se dio en el contexto de la influencia ejercida sobre el cargo del gerente General de Proyecta Quindío, Pablo Cesar Herrera Correa. Las instrucciones impartidas eran detalladas y luego eliminadas, según las investigaciones.
Por otro lado, se acusa a los investigados de ejecutar conductas delictivas sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o satisfacción de necesidades básicas de una comunidad.
Este señalamiento recae en la presunta explotación de necesidades básicas de la comunidad para obtener un beneficio indebido, derivado de iniciativas y necesidades municipales.
