Gobernadora del Valle pide cierre de estaciones y suspensión de distribución de combustible por presunta colaboración con grupos armados.
Una situación de gran controversia ha surgido en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en relación con el funcionamiento de estaciones de gasolina que presuntamente estarían siendo utilizadas por las disidencias de las Farc, específicamente el Estado Mayor Central (EMC), para sus actividades ilícitas.
La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha tomado medidas enérgicas al respecto, solicitando el cierre inmediato de estas estaciones y la suspensión de la distribución de combustible a las mismas. Según declaraciones de la mandataria, estas acciones son parte de una investigación en curso para desmantelar cualquier vínculo que pudiera existir entre estas estaciones y grupos armados ilegales.
«En la zona alta de Jamundí, hay unas estaciones de gasolina que estamos investigando para que sean cerradas», manifestó la gobernadora. Además, expresó su preocupación por la presunta construcción de vías clandestinas por parte de estas disidencias para el transporte de material ilícito. Estas acciones ilícitas afectan directamente la seguridad y el orden en la región.
La solicitud de la Gobernadora no se limita solo al cierre de las estaciones, sino que también se extiende a la suspensión de la venta de combustible a estas ubicaciones. Para ello, ha pedido la colaboración de entidades como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Minas y Energía, buscando cortar cualquier suministro que pueda fortalecer las operaciones de grupos ilegales.
Por otro lado, se ha generado una polémica en torno a la autorización y construcción de una de estas estaciones de gasolina en la vereda La Cabaña del corregimiento de La Liberia. Según informes, esta estación habría sido autorizada durante la gestión del exalcalde Felipe Ramírez y se encontraría en una zona bajo influencia del frente Jaime Ramírez del EMC.
El congresista Christian Garcés ha exigido explicaciones públicas sobre esta autorización, mientras que tanto el exalcalde Ramírez como el representante Duvalier Sánchez han negado cualquier responsabilidad, señalando que las licencias podrían haber sido falsificadas. Este caso refleja las complejidades políticas y de seguridad que enfrenta la región, donde la lucha contra el crimen organizado se entrelaza con la gestión pública y la responsabilidad administrativa.
