Condena internacional por asesinato de líder social en el Chocó: ONU exige esclarecimiento

Protesta por la vida y contra asesinatos de líderes sociales. // Foto. tomada de la web.

La comunidad internacional ha reaccionado con indignación ante el reciente asesinato de Yirleana Lorena Moreno Cuesta, reconocida líder social y defensora de derechos humanos en Quibdó, Chocó. La Oficina para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia emitió una contundente declaración condenando este hecho de violencia.

Moreno Cuesta, quien formaba parte de la Red de Madres y Cuidadoras de Jóvenes Víctimas de Homicidios en Quibdó, Chocó, fue víctima de un acto atroz que ha conmocionado a la sociedad colombiana y ha generado un llamado internacional a la justicia y al esclarecimiento del crimen.

En su declaración, la ONU expresó su condena y lamento por el asesinato de la líder social, instando a las autoridades colombianas a llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este crimen. Asimismo, la organización hizo un llamado enfático a garantizar la protección de la familia de Moreno Cuesta, así como de su organización y de los jóvenes de su comunidad.

La solidaridad también llegó desde el Vaticano, donde el Papa Francisco se pronunció durante la misa del Domingo de Ramos en relación con los recientes actos de violencia en Colombia. El Sumo Pontífice expresó su cercanía con la comunidad de San José de Apartadó, en Antioquia, donde dos personas fueron asesinadas el pasado 19 de marzo.

«Me siento cercano a la comunidad de San José de Apartadó, en Colombia. Recientemente, una joven y un niño fueron asesinados», afirmó el Papa ante una multitud en la Plaza de San Pedro, en Roma, Italia. Además, recordó el compromiso de esta comunidad con la paz, la economía solidaria y los derechos humanos, resaltando su importancia en el contexto nacional.

Las víctimas, identificadas como Nallely Sepúlveda y Edinson David Higuita, fueron brutalmente asesinadas con arma de fuego en la zona rural de Urabá, Antioquia. Estos crímenes ocurrieron poco después de la visita del presidente Gustavo Petro a la región, generando una ola de repudio y exigencias de justicia por parte de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.