Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, advierte sobre la falta de sustento en los informes filtrados por el excongresista Jorge Robledo, enfocados en cuestionar la gestión de Ecopetrol.
La Red de Veedurías de Colombia, liderada por Pablo Bustos, ha levantado una voz de advertencia ante los informes que circularon recientemente sobre Ecopetrol, los cuales fueron divulgados por el excongresista Jorge Robledo. Según Bustos, estos informes carecen de fundamentos sólidos y no han sido objeto de controversia por parte de las instancias institucionales correspondientes.
«Es importante destacar que los informes filtrados no deben ser tomados en consideración debido a la ausencia de fundamentos verificables y a la falta de contraste por parte de las autoridades competentes», señaló Bustos en una rueda de prensa realizada esta mañana.
El presidente de la Red de Veedurías explicó que estos informes parecieran tener la intención de influir en las elecciones del nuevo consejo directivo de Ecopetrol, ya que plantean interrogantes sobre los candidatos y el actual presidente de la empresa, Ricardo Roa.
Los cuestionamientos se basan en un supuesto estudio de Control Risk, el cual fue presentado públicamente como un juicio ético condenatorio. Entre los señalamientos destacan supuestas irregularidades relacionadas con la financiación de campañas políticas, compras inmobiliarias con vínculos en el sector petrolero, contratos de servicios con entidades públicas y asignaciones de contratos a personas específicas.
«Es crucial recordar que estas acusaciones se hacen sin haber otorgado a los implicados las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, principios fundamentales en cualquier investigación justa», enfatizó Bustos.
El líder de la Red de Veedurías también expresó su preocupación por la violación de la confidencialidad en la divulgación de estos informes. «La revelación de información confidencial, antes de que las instancias pertinentes dentro de Ecopetrol la conozcan oficialmente, además de ser antiética, podría constituir un ilícito», advirtió.
Por último, Bustos exigió una explicación sobre cómo Jorge Robledo tuvo acceso a un informe confidencial y reservado, señalando la necesidad de responsabilizar a quienes permitieron esta filtración.