Se indagan presuntas irregularidades durante inspección relacionada con acceso a bases de datos electorales.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra nueve funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en relación con las actividades realizadas durante la visita de dicha entidad a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Los nombres de los funcionarios mencionados en el proceso disciplinario son Francisco Melo Rodríguez, Mario Alejandro Franco Vanegas, Martha Liliana Fandiño Vergara, Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique y José Miguel Moreno Reina.
La apertura de esta investigación se fundamenta en las presuntas irregularidades detectadas durante la inspección llevada a cabo por la Superintendencia, la cual estuvo relacionada con los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el acceso de la empresa Thomas Greg a las bases de datos de la autoridad electoral.
La procuradora general, Margarita Cabello, señaló que «por petición del registrador Hernán Penagos, la Procuraduría General de la Nación hizo vigilancia preventiva a esas actuaciones y además consideró, al detectar y observar presuntas irregularidades, también posibles excesos, iniciar investigación disciplinaria contra varios funcionarios de esta superintendencia».
Además de la investigación en curso, la Procuraduría ha ordenado la realización de pruebas relacionadas con los certificados laborales de los funcionarios involucrados en la inspección, así como la documentación referente a la conformación del equipo especializado que llevó a cabo la visita.
El oficio de la Procuraduría también solicita la entrega de una «copia íntegra digital del expediente de la actuación administrativa — averiguación preliminar y de la visita administrativa realizada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, del cual se garantizará por la Procuraduría General de la Nación la reserva de ley correspondiente».
Fuentes cercanas al proceso revelaron que la diligencia en cuestión fue realizada por contratistas, quienes de acuerdo con la ley, no tendrían competencia para llevar a cabo la recolección de material probatorio ni realizar interrogatorios, lo cual generó cuestionamientos sobre la legalidad de las acciones llevadas a cabo durante la visita de la Superintendencia.
