Informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos detalla la escalada de detenciones y abusos del gobierno de Maduro contra opositores y críticos.
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela alertó sobre el recrudecimiento de la represión por parte del Gobierno venezolano, calificándola como «la modalidad más violenta de represión». Este informe fue presentado por la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Según el informe, las autoridades venezolanas están llevando a cabo una nueva ola de detenciones de opositores acusados de conspiraciones, como la denominada Operación Brazalete Blanco. Esta acción, en lugar de mitigar, aumenta el clima de intimidación y persecución política en el país sudamericano.
Valiñas destacó que desde el año 2023 se ha observado un cambio significativo en la estrategia del Gobierno de Maduro, pasando de una fase de intimidación a una de represión más violenta. Este cambio se ha traducido en detenciones masivas de críticos y opositores, así como en el debilitamiento de las garantías democráticas.
El informe también resalta la persecución a líderes opositores como María Corina Machado y Leopoldo López, quienes han sido objeto de acusaciones infundadas y órdenes de detención. Además, se menciona la situación de defensores de derechos humanos como Tamara Suju, Sebastiana Barráez y Rocío San Miguel, quienes han sufrido detenciones arbitrarias y tratos inhumanos.
Las acciones del Gobierno venezolano han generado preocupación en la comunidad internacional, especialmente en lo referente a las próximas elecciones presidenciales. La misión de la ONU resalta la importancia de garantizar un proceso electoral justo y transparente, conforme a los estándares internacionales de derechos civiles y políticos.
En respuesta a estas acusaciones, la delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU rechazó las conclusiones de la misión, alegando manipulación por parte de países como Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, el informe de la ONU se basa en investigaciones exhaustivas y testimonios verificados, buscando evidenciar los abusos contra los derechos humanos en Venezuela.
