La falta de suministros pone en peligro el tratamiento de enfermedades crónicas y la vida de población vulnerable, según la Defensoría del Pueblo.
Ante las alarmantes denuncias sobre la escasez y el posible desabastecimiento de medicamentos en Colombia, la Defensoría del Pueblo emitió un contundente pronunciamiento advirtiendo sobre los riesgos que esto conlleva para la salud de la población, especialmente para aquellos con enfermedades crónicas y raras.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, enfatizó que la falta de medicamentos esenciales para el tratamiento de diversas enfermedades pone en «altísimo riesgo la salud y vida de esta población vulnerable». Además, subrayó que esta situación también afecta la salud de sus familias y cuidadores, generando una crisis de proporciones preocupantes.
Aunque la responsabilidad de los pagos y presupuestos máximos recae en las aseguradoras y prestadores de servicios de salud a través de la Adres, Camargo hizo hincapié en que la salud no puede estar supeditada a trámites administrativos o financieros. En su opinión, los derechos fundamentales de las personas deben prevalecer por encima de cualquier consideración burocrática.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo instó al Ministerio de Salud a cumplir rigurosamente con la legislación relacionada con los medicamentos que deben ser reconocidos como parte del plan de beneficios en salud. Asimismo, solicitó al Gobierno Nacional liderar acciones efectivas para abordar esta problemática y convocar a todos los actores del sistema de salud para encontrar soluciones urgentes.
Por otro lado, el defensor resaltó el papel fundamental del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en la protección de la salud pública, gestionando los riesgos asociados al consumo de productos farmacéuticos y alimentos.
El aumento significativo en el número de medicamentos no entregados, evidenciado por cifras de dispensarios como Audifarma, es una señal alarmante de la gravedad de la situación. De 354,000 ítems no dispensados en septiembre de 2023, se ha llegado a 800,000 ítems no entregados en febrero de este año, lo que subraya la urgencia de tomar medidas efectivas.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo recordó las obligaciones legales de las entidades administradoras de planes de beneficios de salud (EAPB) en la entrega de medicamentos a sus afiliados. También hizo hincapié en la responsabilidad directa de los laboratorios en la fabricación y distribución de medicamentos, subrayando que ninguna entidad gubernamental tiene la competencia legal para asumir estas actividades críticas para la salud pública.
