Autoridades ambientales hacen llamado urgente para proteger la fauna y combatir el comercio ilegal de especies.
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) ha registrado un alarmante incremento en el tráfico ilegal de tortugas hicoteas durante la reciente Semana Santa, con un total de 1.635 ejemplares incautados como resultado de operativos de la Policía Nacional.
Estas tortugas fueron decomisadas a traficantes en San Pelayo, Córdoba, quienes las transportaban en 35 costales dentro de un camión, resaltando la gravedad de este delito ambiental. Las autoridades ambientales han emitido un llamado urgente para proteger la fauna y desestimular su consumo o tenencia como mascotas.
Alberto Muñoz, veterinario de la CVS, expresó su preocupación por el impacto del tráfico ilegal en estas especies, destacando el maltrato al que están expuestas y el desequilibrio ecológico que esto representa, además de ser una amenaza para la salud pública debido a su naturaleza carnívora y carroñera.
Durante la Semana Santa, la demanda de carne de diversas especies, incluyendo las hicoteas, así como huevos de iguana, aumenta significativamente en ciertas regiones del país debido a prácticas asociadas con esta festividad religiosa.
Además de los decomisos realizados por la CVS, otras entidades como Corpomojana y Cardique han reportado cifras preocupantes, evidenciando la magnitud del tráfico ilegal de fauna en Colombia. Se han confiscado 250 huevos de iguana y 123 huevos entregados voluntariamente en Corpamag, junto con 1.482 huevos de iguana decomisados.
Durante el año pasado, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) atendieron cerca de 42.000 individuos de fauna silvestre, siendo reptiles el 47%, aves el 26%, mamíferos el 21%, y anfibios, peces y otros el 5.9%.
Yesid González Duque, director ejecutivo de Asocars, resaltó la importancia de la educación ambiental y la vigilancia constante para detener estas prácticas dañinas para la biodiversidad. Las CAR continúan realizando operativos para combatir el tráfico ilegal, respaldadas por la ‘Ley de Delitos Ambientales’, que establece sanciones severas para quienes atenten contra la fauna y flora silvestre en el país.
