La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido una advertencia sobre el riesgo inminente de pérdida de recursos públicos en el programa de infraestructura social y hábitat para la inclusión social a nivel nacional, liderado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
La CGR identificó debilidades en la gestión del proyecto «Fortalecimiento para el desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat«, que podrían llevar a la pérdida de $1,06 billones destinados a proyectos de infraestructura social para comunidades pobres y vulnerables de Colombia.
Entre las irregularidades detectadas se encuentra el incumplimiento en los objetivos de los proyectos, falta de ejecución de recursos, riesgo de obras abandonadas y obsoletas, así como incremento en los costos de los proyectos y considerables retrasos en su ejecución. Por ejemplo, proyectos por un valor superior a los $287 mil millones siguen en ejecución después de más de 6 años de su inicio.
La CGR también ha alertado sobre la utilización ineficiente e ineficaz de los recursos públicos asignados al proyecto, así como la falta de rubros en los presupuestos de algunos entes territoriales para el sostenimiento de las obras ejecutadas, lo que podría generar un abandono de obras o su obsolescencia.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha abierto una investigación previa contra el expresidente Juan Manuel Santos por la presunta intromisión y saqueo del galeón San José.
Esta investigación se suma a los esfuerzos de la defensa de Nicolás Petro para retrasar el inicio del juicio en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Aquí las principales conclusiones de esta función de advertencia destacan, con criterios de trascendencia social y alta connotación económica:
1. Incumplimiento en los objetivos de los proyectos: varios proyectos de infraestructura social no cumplen con su objetivo afectando directamente a las comunidades más vulnerables y pobres del país. Esto se pudo observar en el resultado del análisis de la muestra realizada a 132 convenios, en dónde se evidenció que el tiempo promedio desde la firma del convenio hasta la firma del acta de inicio de obra es 1.8 años, es decir 22 meses.
A su vez, el tiempo promedio desde la firma del convenio hasta la entrega de la obra es de 3,95 años. Por otra parte, el tiempo promedio de obra es de un poco más de 2 años, que, comparado con los plazos establecidos en los contratos, los cuales tienen un tiempo promedio de ejecución entre 6 y 12 meses, exceden en tres veces lo pactado, lo que genera vulneración al principio de planeación y un claro incumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia en la gestión contractual de la inversión pública.
En relación con la duración de los proyectos analizados, de los 1.301 convenios, se resalta que: 504 (38,71%), tenían duración de 1 a 2 años, 198 (15,21%), entre 2 y 3 años, 179 (13,75%), entre 4 y 5 años, 179 (13,75%), entre 5 y 6 años, 45 (3,46%0), alrededor de 6 años o más. Es decir, el 43,4% de los proyectos tardan en promedio casi 4 años para llegar a su fin.
De los convenios suscritos entre Prosperidad Social y las Entidades Territoriales, de las vigencias 2016 y 2017, los cuales corresponden a proyectos para ejecutar en municipios categoría 6, la gran mayoría de obras del sector “vías y transporte”, presentan un tiempo promedio de obra en circunstancias de normalidad de entre 6 a 12 meses, no obstante, lo anterior, después de 7 años aún se encuentran en estado de “Ejecución”.
Se trata de proyectos que suman un valor superior a los $475,000 millones, con recursos obligados de cerca de $189,000 millones, sin que los mismos, después de transcurridos más de 72 meses de ejecución, es decir, un término 10 veces superior al promedio, hayan sido entregados al servicio de la comunidad.
A diciembre del 2023, se han dejado de entregar proyectos con duración en obra de más de 6 años por un valor superior a los $287,000 millones. Se identificó que 12 proyectos de la vigencia 2017, tienen una ejecución presupuestal por debajo del 22%”.
2. Inejecución de Recursos: Para el periodo 2019 – 2022, el valor del presupuesto inicial fue de $3,7 billones, y el presupuesto final fue de $1,97 billones. Es decir, el proyecto presentó una reducción de $1,73 billones, equivalentes al 46,76%. Al revisar la ejecución presupuestal (avance financiero) del cuatrienio, se observa que $1,06 billones dejaron de invertirse en proyectos de Infraestructura Social para las comunidades más pobres y vulnerables de Colombia.
Según el Informe de Cierre Presupuestal 2023, se dejaron de ejecutar $680.000 millones, esto es, el 76,33% del presupuesto asignado, los cuales no fueron comprometidos y no figuran como reserva presupuestal.
3. Incremento de costos y retrasos en la ejecución: Se ha observado un incremento en los costos de los proyectos debido a retrasos significativos en su ejecución, generando además adiciones presupuestales en los mismos, lo que podría generar un detrimento patrimonial para el Estado, si se tiene en cuenta que los precios contratados en una vigencia no se mantienen incólumes en el mercado, debido al IPC y los costos adicionales que pueden impactar el costo total del proyecto.
4. Riesgo de obras abandonadas y obsoletas: Existe el riesgo de que algunas obras no logren prestar servicio a las comunidades debido a la falta de recursos suficientes para su mantenimiento y sostenibilidad, lo que podría derivar en un posible daño patrimonial.
El estudio realizado por la CGR permite inferir que el 54% de los municipios, no cuentan con rubros presupuestales para el sostenimiento de las obras, circunstancia que genera riesgos que afectan directamente los objetivos planteados en la asignación, ejecución y permanencia del proyecto. El 24% de los municipios indagados manifiestan inconformismo en relación con obras en circunstancia de abandono.
5.Adiciones Presupuestales: Para los convenios asignados a las Entidades Territoriales en los años 2020, 2021 y 2022, se presentaron adiciones presupuestales por cerca de $384,000 millones, que representan el 36% del valor inicial de los mismos, presentándose adiciones en 29 convenios, siendo los más significativos 19 convenios, todos con fecha de suscripción del 26/08/2021, fecha de inicio el 26/08/2021 y fecha de terminación el 31/07/2023, con un valor inicial del de $22.173 millones; con adiciones por $20.790 millones, equivalentes al 93,76% del valor inicial, lo cual generó un valor total final por $42.964 millones. Los 19 convenios fueron contratados con la “Empresa para el desarrollo territorial PROYECTA”, por un monto de $816.000 millones.
