Llamado urgente al Congreso y entes de control para proteger derechos fundamentales de los colombianos en materia de salud.
En medio de una situación crítica para el sistema de salud en Colombia, diversas organizaciones de usuarios y pacientes han hecho un llamado urgente a las instituciones pertinentes para evitar un colapso inminente que ponga en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de salud.
Denis Silva, portavoz de pacientes Colombia, ha instado a todos los actores involucrados a «actuar de manera transparente y tomar decisiones efectivas para salvaguardar el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos».
Según declaraciones recientes, el sistema de salud colombiano enfrenta una situación alarmante. «Las pérdidas económicas de las EPS han alcanzado los cinco billones de pesos entre 2021 y 2023, y se proyecta que para 2024 estas pérdidas aumenten a 4,2 billones de pesos, según las estimaciones más optimistas», señaló Silva.
El panorama financiero del sistema de salud es desalentador, con proyecciones que indican pérdidas totales que superan los 14 billones de pesos al finalizar el año en curso. «Esta crisis está teniendo un efecto devastador que se expande como una bola de nieve, afectando no solo a las aseguradoras, sino también a clínicas, hospitales, la industria farmacéutica y, lo que es más preocupante, a los propios usuarios y pacientes», agregó.
Silva destacó la precaria situación de empresas emblemáticas como Nueva EPS y Audifarma, advirtiendo que el sistema de salud se encuentra al borde del colapso mientras se mantienen discusiones infructuosas sobre una reforma sanitaria inviable y disputas políticas que ignoran las necesidades reales de la población.
Además de problemas financieros históricos, como la falta de control sobre las EPS y las deudas impagas, se suman errores recientes como el cálculo deficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024 y los pagos incompletos por parte de la Adres, generando incertidumbre y un aumento considerable en el número de pacientes con enfermedades de alto costo.
Las organizaciones enfatizaron que si bien reconocen que no toda la responsabilidad recae en el Gobierno actual, es crucial que este tome medidas efectivas para evitar un empeoramiento de la crisis. «El costo humano y social de esta situación es incalculable, afectando no solo la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino también la estabilidad laboral y la economía del país», concluyó Silva.
