El Comité Atlántico ha anunciado una serie de propuestas y acciones en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre las tarifas eléctricas y los derechos de los usuarios. En un comunicado de prensa, el Comité reveló que realizará un Live Instagram el próximo jueves, 21 de marzo, a las 7:00 PM, a través de varias cuentas de Instagram, incluyendo @tarifajustacaribe, @karolsolismenco, @nunezdonadolegal y @alberto_mario_forero.
El Comité, en colaboración con otras organizaciones de usuarios y de la sociedad civil, está planeando una jornada de protesta para exigir una rebaja en las tarifas eléctricas. La fecha de esta protesta se anunciará próximamente.
El Live Instagram será un espacio para discutir las soluciones propuestas por el Comité, educar al público sobre los problemas actuales y compartir denuncias sobre las recientes violaciones de los derechos de los usuarios que aún no han sido atendidas.
El trabajo del Comité Atlántico se centra en cuatro puntos principales:
- El costo del kilovatio-hora (kWh) y el régimen tarifario especial que permite que las pérdidas no técnicas (el robo de energía) sean cobradas a todos los usuarios.
- El alto costo del impuesto de alumbrado público.
- El alto costo de la tasa de seguridad y convivencia.
- La violación de los derechos de los usuarios por parte de empresas comercializadoras de energía como AIR-E.
Para cada uno de estos componentes que configuran un problema complejo sobre el costo final de la factura de energía, el Comité ha planteado una serie de propuestas. Estas propuestas incluyen la derogación o modificación del régimen especial tarifario, la revocación de la Resolución CREG 101-028 de 2023 de cobros de opciones tarifarias, y la utilización de recursos del fondo de regalías mineras para invertir en la infraestructura eléctrica de la Costa Caribe sin subir las tarifas, entre otras.
El Comité también ha hecho un llamado a los alcaldes y concejos para que se desliguen de la factura y se cobren en desprendible por separado todos los cargos que no corresponden al consumo de energía, como el alumbrado público y la Tasa de Seguridad. Además, han propuesto que el cobro de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana sea modificado y disminuido, y que esté exento de la factura de energía.
Este comunicado de prensa del Comité Atlántico es un llamado a la acción para todos los actores involucrados en la problemática de las tarifas eléctricas y los derechos de los usuarios. Es un recordatorio de que es necesario trabajar juntos para encontrar soluciones justas y equitativas a estos problemas.
El Comité Atlántico ha presentado una serie de propuestas y peticiones con el objetivo de mejorar los derechos de los usuarios de servicios públicos. Entre las medidas propuestas se incluyen:
- La creación de una comisión especializada “Atlántico” para incrementar y fortalecer el talento humano de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Esta comisión tendría como objetivo principal evacuar el rezago histórico de recursos de apelación y recursos de queja.
- La creación de dependencias especializadas por temas dentro de la SSPD, capaces de resolver las necesidades de los usuarios del servicio público de energía.
- La implementación de un programa de pedagogía ciudadana por parte de la SSPD, para que el usuario conozca sus problemas y cómo debe resolverlos en el Atlántico.
- La empresa Air-e deberá realizar un pacto con sus usuarios, comprometiéndose a capacitar constantemente a sus funcionarios, contratistas y colaboradores en derechos humanos y derechos del usuario del servicio público. Esto garantizará el respeto al debido proceso y el derecho a defensa.
Además, el Comité Atlántico ha hecho un llamado a la gobernanza ciudadana abierta y transparente. Toda la información recopilada en el marco de sus investigaciones y de carácter público, está contenida en una carpeta de libre acceso. Esta carpeta sirve como insumo a medios de comunicación y ciudadanía en general, así como a otros comités y actores interesados.
Estas propuestas representan un esfuerzo significativo para mejorar los derechos de los usuarios de servicios públicos en el Atlántico. Es un paso importante hacia una mayor transparencia y responsabilidad en la prestación de servicios públicos.
