Por Roberto Salazar Ramo
A propósito de la propuesta del presidente @petrogustavo de que se discuta la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, han salido a flote las más disímiles e intensas pasiones, que subordinan a los análisis políticos, jurídicos, sociales y culturales. Desde el más enconado cinismo radical hasta el más romanticismo ingenuo, pasando por el desconocimiento de las más elementales características de la democracia colombiana y su contexto constitucional.
Entre muchas que circulan por la red social «X», por ejemplo, me llamó la atención esta paradójica, extraña y acomodada «antidemocrática» noción de democracia, de alguien que se declara uribista y defensora de la derecha.
«Lo que pasa es que el presidente no es emperador y le toca gobernar para todos, recuerde que la diferencia de votos fue chiquita eso significa que la oposición tiene derecho a decirle NO».
Por supuesto, el presidente no es emperador, tiene que gobernar para todos y la oposición tiene derecho a decir no, ¿pero el tamaño de la votación mediante la cual fue elegido, legitima la restricción para gobernar? ¿Qué papel juega entonces la propuesta programática de quien es elegido presidente, como en este caso la propuesta de Cambio del presidente Petro? Es decir, ¿la legitimidad de la democracia está en función del número de votos obtenidos por quien se elige como ganador? ¿Dónde queda entonces la libertad que le deviene su triunfo para el ejercicio de su gobernanza y el desarrollo de su propuesta programática? Esta noción cuantitativa de democracia medida por el número de votos, sin que cuente específicamente las propuestas programáticas de los gobernantes que se eligen en una democracia mediante un proceso electoral, es realmente un adefesio teórico y práctico, que está muy lejos del sentido de la democracia en la sociedad moderna. El concepto de democracia es heurístico, tiene carácter integral, no es mera acumulación de votos, sino contenidos sociales que dicen de las condiciones que se crean para elevar la dignidad existencial de los pueblos y de los ciudadanos.
Sin embargo, hay estilos de enunciados en juego que se sustentan en este adefesio, como decir, por ejemplo, que el presidente no tiene derecho a convocar a una Constituyente porque la mayoría de votos con la que le ganó al condenado por corrupción, Rodolfo Hernández, fue mínima y, si lo hace, es porque destapa su verdadera imagen de dictador. Y, aceptando que además de los votos existe un programa de gobierno convertido en plan de desarrollo, se aduce que la convocatoria a una Constituyente es un chantaje al Congreso porque no le aprueban las reformas sociales que so pretexto de beneficiar al pueblo, están en contra de la riqueza, persiguen al empresariado y a las gentes de bien. O, de otra manera, que es un pretexto para prolongar su mandato y sacar su verdadera garra de dictador, al estilo de lo que ya hizo Chávez, Maduro y Ortega. O, si se quiere, es una amenaza chimba, para cañar, porque no tiene mayorías en el Congreso, ni mayorías en la calle, puesto que la mínima diferencia con la que le ganó a Rodolfo Hernández eran votos amtipetristss y de las derechas y estos están representadas en la mayoría de los congresistas.
Pero en medio de este maremagnum de reacciones, es posible evidenciar que la idea de «democracia colombiana» ha llegado a un nivel tal de patología, que se ha «naturalizado» y tomado empíricamente como vara o medida la ejercida gubernamentalmente por el uribismo extendido con su doctrina de la «seguridad democrática». Y en esta seguridad democrática, de corte cuantitativo, había que contar las «bajas» y los litros de un «líquido rojo».
De hecho y, con algunas valientes excepciones, se cometieron y apaludieron con esta noción y prácticas de este «estilo de democracia», miles de ejecuciones extrajudiciales, ahora reconocidas por paramilitares y militares; se produjeron miles de desapariciones forzosas, que no terminan de aparecer en bolsas enterradas en diferentes cementerios y fosas comunes; se sacaron cientos de ojos a manifestantes y se penalizó en la práctica el derecho a la protesta; se le quitaron derechos a los trabajadores para favorecer a empleadores; se privatizó la mayoría de las empresas del Estado; se robaron terrenos baldíos de la nación; se chuzó a periodistas, opositores y, además de chuzarla, se le decretó la guerra a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional; se violó la Constitución Política para la reelección del mejor presidente de la historia colombiana mediante mecanismos de cohecho y convirtieron en paria a Yidis Medina, quien les reclamó porque no le cumplieron; se les dictó en varios juicios la encarcelaron a los involucrados en este cohecho, pero el favorecido no se enteró de nada y se neutralizó la operación de la justicia por su responsabilidad; se eligió el mayor número de congresistas parapolíticos, que según Mancuso llegó a ser del 35%; la Corte reafirmó la inconstitucionalidad del tercer período del demócrata de la seguridad democrática, quien propuso la realización de una Asamblea Constituyente como alternativa; los paramilitares reconocieron que contribuyeron a las campañas presidenciales exitosas de la época; los paramilitares fueron invitados y aplaudidos en el Congreso como los nuevos héroes de la patria; hubo financiamiento de campañas políticas de estos exitosos presidentes a cambio de concesiones viales mediante adjudicaciones a alianzas público-privadas; empresarios y comerciantes no sólo contribuyeron a las campañas presidenciales, sino legistlativas, etc. En esta democracia, la vida de un joven vestido de guerrillero con botas al revés para hacerlo parecer como terrorista muerto en combate, llegó a costar un plato de arroz chino.
La Constitutción Política de 1991 se sustenta en avanzados principios para la construcción civilizada de un Estado social de derecho, democrático, participativo, multicultural, ecoambiental, con el imperativo de garantizar todos los esfuerzos conducentes a la paz y el desarrollo de los derechos ciudadanos. Sin embargo, el diseño de la arquietectura de las instituciones de las tres ramas del poder público, al parecer, han estado operando en sentido opuesto a dicha fundamentación teleológica del Estado, que tiene su basamento en el pueblo soberano, siendo este el menos favorecido.
El sostén de esta soberanía social del pueblo ha sido, parcialmente, la Corte Constitucional, que ha tenido que tomar iniciativas por demanda de derechos y tutelas, para la defensa y promoción de los derechos ciudadanos. La justicia y la Fiscalía, tal como se muestran hoy en día, no despiertan confianza en la ciudadanía. Tradicionalmente el presidente o ejecutivo ha operado como director de esta orquesta, melodía para los oídos de los sectores más poderosos, pero desafinada para el pueblo.
Desde que entró en vigencia el 4 de julio de 1991, el Congreso de la República ha aprobado 45 reformas o enmiendas a la actual Constitución Política y, si se comparan los fundamentos del Estado social de derecho que rige a la República de Colombia, con respecto a ese número de reformas hechas por el Congreso, frente a la situación de inequidad, indignidad y pobreza, pobreza extrema e inseguridad alimentaria, que viene experimentando el pueblo colombiano en las diferentes condiciones de su vida, la pregunta más lógica tiene que ver entonces: ¿a quién ha favorecido esas reformas hechas por el Congreso?. Por supuesto, la constatación es evidente: a las élites sociales y a los sectores económicos que tradicionalmente han vivido de los recursos del Estado y han empobrecido al país.
Y son estos sectores, con sus mayorías en las representaciones políticas de ese mismo Congreso, los que se oponen a las reformas sociales de un gobierno de color político y social diferente al establecimiento y a su «noción empírica» de democracia cuantitativa que lo ha caracterizado
Cuando los caminos de la democracia legislativa, representada por algunos partidos tradicionales y oposiciones como delegadas de sectores empresariales, le cierran al pueblo las posibilidades de reformas sociales mediante filibusterismo, bloqueos, saboteos, falsas noticias, publicidad sucia, entre otras, para que no se produzcan dichas reformas, a través de las cuales se le reconocen a los ciudadanos sus derechos a la dignificación de su vida y bienestar, la misma Constitución Política, vigente desde 1991, contempla opciones democráticas para su modificación y señala los agentes que pueden hacerlo (Art. 374 de la CP):
(1) El Congreso de la República
(2) Asamblea Constitiyente
(3) El pueblo mediate referndum.
Es importante que en la agenda pública del país se incorpore el sentido mismo de lo que ha significado para el pueblo la noción de democracia imperante en el establecimiento y desde la cual se ha ejercido su gobernanza. Que, como soberano y fundamento del Estado, el pueblo reconozca a su vez que tiene pleno derecho de pronunciarse en torno a cómo gestionar las leyes que le favorecen para su dignificación y bienestar, y que además de elegir a los miembros del Congreso, cuando la mayoría de estos no respondan a los intereses colectivos, sino a intereses particulares, tiene derecho al recurso de la convoctoria y aprobación de una Asamblea Constituyente para reformar o adecuar las leyes al servicio de los intereses colectivos, pero también para casos específicos, pero estructurales, a la convocatoria de refrendos con ese mismo propósito.
La actual Constitución Política de 1991 es el resultado de una Asamblea Constituyente, a la cual convocaron los jóvenes a través de consulta popular por medio de la llamada 7a papeleta, cuyo resultado tuvo que acoger el Congreso de la Republica para hacer su respectiva convocatoria.
Pero esta Constitución de 1991, en vez de ser desarrallada en beneficio del pueblo, con la introducción de modelos de economía social, profundización de la democracia y el fomento y garantía de los derechos de la ciudadanía, lo que se hizo fue la adopción del modelo de economía neoliberal, que desde el gobierno del presidente César Gaviria y desde entonces gobierno tras gobierno, la ha llevado a un estado crítico de estar entre los 5 países más desiguales del mundo, el segundo en Duramérica y uno de los de mayor inequidad en el concierto de la OCDE.
Entre muchas de las causales para la convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente que dio como resultado el cambio de la Constitución de 1881, por la Constitución de 1991, se encuentran la necesidad de alcanzar la paz como condición para el reestablecimiento del orden público; la creciente coptación del narcotráfico de varias de las instituciones del Estado y la diseminación de la economía ilegal en variadas esferas de la sociedad, el creciente embudo de la participación democrática de jóvenes, trabajadores y nuevos partidos políticos, además de la necesidad de incorporar en la vida civil a grupos subversivos en franca lid contra el Estado y las situaciones sociales provocadas.
Ahora bien, después de tres décadas de promulgada la Constitución de 1991, ¿existen situaciones análogas o disímiles para concertar la realización de una nueva Asamblea Constituyente para profundizar y realizar una nueva arquitectura de las ramas del poder público en función de los derechos del pueblo? Veamos el siguiente texto diseccionado por razones pedagógicas:
«Hay tres tipos de eventos que suelen dar lugar a procesos de cambio constitucional:
(i) Transformaciones políticas al nivel del Estado o del régimen;
(ii) Cambios en el balance de poder entre actores políticos;
(iii) Crisis institucionales generadas por el inadecuado funcionamiento de la constitución existente» (45-46).
¿Cómo estamos frente a ello y quiénes tienen la última palabra? ¿Pueden los congresistas desmentir con acciones legisltivas en favor del pueblo su coptación por parte de los poderes económicos, políticos y burocráticos que tradicionalmente ha imperado en el Congreso? ¿Puede esperarse algún tipo de migración de la noción de democracia cuantitativa a un concepto dinámico y moderno de democracia heurístico social? ¿Pueden los poderes económicos, gremiales, empresariales y políticos pensar estructuralmente, y como decían los multimillonarios en Davos, reinventar las relaciones de sus intereses privados con respecto al Estado y contribuir a la disminución sustantiva de la desigualdad en el mundo y velar por la salidad energética del planeta?
