Autoridades verifican actuaciones de la SIC tras cuestionamientos del presidente Petro sobre acceso a bases de datos electorales.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación para determinar la legalidad de la inspección llevada a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, en relación con el polémico caso Thomas Greg.
La visita de la SuperIndustria, realizada el miércoles pasado, generó controversia debido a la solicitud de información sobre contratos, teléfonos y correos electrónicos relacionados con procesos de contratación de la entidad electoral, una acción que fue cuestionada por la Registraduría.
La Procuraduría ha expresado preocupación por el proceder de la SIC en una entidad con autonomía administrativa, que no participa en el mercado competitivo. Se busca determinar si hubo abusos de autoridad o prácticas extorsivas durante la inspección, incluyendo posibles sanciones económicas a funcionarios públicos.
La visita de la Procuraduría surge a raíz de la solicitud de la Registraduría para validar las acciones de la SuperIndustria, especialmente porque los funcionarios de esta última se presentaron sin una orden judicial, según denunció la entidad electoral.
Mientras la SIC afirma que las visitas de inspección a Thomas Greg y la Registraduría tienen como objetivo verificar el cumplimiento del régimen de competencia económica en los procesos contractuales, la falta de notificación con una orden judicial para las inspecciones genera debate sobre la legalidad de dichas prácticas.
El caso Thomas Greg ha puesto en el centro de la discusión pública la necesidad de respetar los protocolos legales y la autonomía de entidades como la Registraduría, especialmente en temas sensibles relacionados con la protección de datos y la transparencia en los procesos electorales.
