El senador Carlos Meisel lidera la proposición ante preocupaciones sobre decisiones gubernamentales impactantes.
El ministro de Transporte, William Camargo, se enfrentará a un debate de control político debido a la incertidumbre sobre el desarrollo de la infraestructura en el Caribe colombiano. La citación, impulsada por el senador Carlos Meisel, refleja una preocupación generalizada en la región, centrada principalmente en dos aspectos críticos.
El primero de ellos es la terminación anticipada del contrato de concesión Autopistas del Caribe, que ha generado interrogantes sobre el futuro de importantes proyectos viales en la zona. El segundo aspecto es la controversia relacionada con el cobro por valorización en la vía que conecta a Barranquilla con Cartagena, que ha levantado voces de inquietud y debate en el ámbito político y empresarial.
El senador Meisel enfatizó que las decisiones gubernamentales «se convierten en un obstáculo considerable para el desarrollo de la infraestructura», afectando negativamente a sectores clave como el turismo, la logística, el comercio y la conectividad regional. Asimismo, señaló que estas decisiones podrían impactar negativamente en la inversión en infraestructura, comprometiendo la competitividad y el desarrollo económico y social de la región.
En su propuesta, Meisel resaltó la importancia de evaluar a fondo las decisiones tomadas y sus posibles consecuencias, destacando el potencial impacto en la generación de empleo, con alrededor de 7.000 puestos en riesgo debido a la situación de Autopistas del Caribe, así como una pérdida significativa en inversiones que supera los cuatro billones de pesos, destinados a un corredor vial crucial de 453 kilómetros.
La preocupación también ha sido expresada por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), que alertó sobre los riesgos asociados con la posible detención anticipada de la concesión, responsabilizando a las autoridades locales por no garantizar la continuidad del proyecto.
En respuesta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha defendido su postura, argumentando que no existe una viabilidad financiera clara para continuar con el proyecto y advirtiendo sobre un déficit proyectado para el pago de compensaciones a finales del año en curso.
