Falta de sistemas efectivos de información y estrategias para combatir la ineficiencia y corrupción administrativa preocupan a la Sala Especial de Seguimiento.
La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento alarmante sobre el bajo cumplimiento de la orden destinada a mejorar las condiciones de la población infantil Wayuu en La Guajira, según lo establecido en la Sentencia T-302 de 2017.
La Corte identificó deficiencias significativas en los mecanismos de reporte y control de información financiera, lo que impide una evaluación adecuada del estado de las prácticas institucionales. Además, se resalta la falta de herramientas efectivas para que las autoridades supervisen la rectitud de sus acciones y detecten actividades ilegales con facilidad.
En este sentido, la Sala expresó su preocupación por la ausencia de estrategias claras para abordar el incumplimiento, la apatía y la falta de conciencia de las entidades responsables en cuanto al reporte de información solicitada. Tampoco se evidencian indicadores que permitan medir la efectividad de las acciones tomadas para combatir la ineficiencia y la corrupción administrativa en la región.
Ante esta situación, la Corte ha emitido diversas órdenes dirigidas a entidades clave como la Presidencia de la República, los Ministerios de Salud, Vivienda, Ambiente y Agricultura, así como a instituciones como el ICBF, la Superintendencia Nacional de Salud y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras. Se les exige presentar un protocolo detallado que garantice la aplicación de buenas prácticas administrativas en todos los procesos contractuales y financieros, además de mejorar la transparencia en la ejecución presupuestal y financiera.
La sesión convocada para el próximo 15 de abril se centrará en cuatro ejes fundamentales: las estrategias para corregir las prácticas inconstitucionales, mejorar la información sobre recursos, fortalecer el control y vigilancia institucional, y establecer mecanismos efectivos para investigar actividades ilegales en la región.
