Informe señala fallas en asignación de recursos y carencias en modelos de atención especializada.
La Contraloría General de la República presentó un informe que pone en evidencia serias deficiencias en el sistema de salud destinado a las comunidades indígenas del país, describiéndolo como una red con ‘venas rotas’. El documento resalta falencias en la asignación de recursos y la prestación del servicio, especialmente en áreas especializadas.
En los últimos 12 años, el Ministerio de Salud destinó un total de $20.193 millones para el desarrollo del Sistema de Salud Indígena, además de girar otros $50.043 millones a entidades territoriales y organizaciones indígenas para implementar 77 modelos de salud. Sin embargo, la Contraloría encontró que varios de estos modelos carecen de criterios técnicos y no han sido supervisados adecuadamente en cuanto a sus avances y resultados.
Uno de los casos más preocupantes es el del departamento del Vaupés, que a pesar de tener la mayor proporción de población indígena interna del país, recibió una asignación mínima de recursos, apenas $444 millones, para atender cuatro modelos de salud que no han mostrado avances significativos según el informe.
La Contraloría también evidenció la falta de criterios sólidos y transparentes en la distribución de recursos, destacando que los fondos no están siendo asignados de manera coherente con las regiones que presentan mayores brechas en salud para la población indígena.
Según el informe, el 48% de los recursos se concentra en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), seguido por el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) con un 10%, Emberá Chami y Katio Caldas (8%), Wayuu (3%) y Pastos en Nariño (2%). Mientras que el 28% restante se divide entre otros 72 modelos de salud.
Estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de establecer programas de salud mental y atención seria para las comunidades indígenas, especialmente en regiones donde grupos ilegales suelen cooptar estos sistemas. El informe también menciona situaciones críticas en el Guaviare, con la comunidad Nukak en extrema vulnerabilidad, y los Embera en Bogotá, donde problemas como la adicción y la explotación de mujeres y niños son recurrentes en calles y parques de la ciudad.
