Congresistas expresan opiniones divergentes sobre el impacto de la decisión en la elección del nuevo fiscal general.
Una decisión sorpresiva ha sacudido el panorama político colombiano con la renuncia inesperada de Amelia Pérez a la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro para elegir al próximo fiscal general de la Nación. Este acontecimiento, ocurrido momentos antes del inicio de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, ha generado una variedad de reacciones entre los congresistas del país.
El representante del Centro Democrático, Juan Espinal, señaló que esta renuncia confirma el adagio popular de «lo que mal empieza, mal termina», destacando la coincidencia entre la presentación de la terna y la audiencia de imputación de cargos a Nicolás Petro. Espinal también cuestionó la supuesta presión mediática, ideológica y política ejercida por el presidente Petro sobre la Corte Suprema.
Espinal agregó: «Amelia Pérez sin duda tiene argumentos debido a los ataques de su esposo a los medios y la oposición del país. La incógnita ahora es si el presidente completará la terna o si la Corte Suprema elegirá entre las dos restantes».
Por otro lado, desde el Pacto Histórico, se defendió a Pérez, argumentando que fue injustamente relacionada con las opiniones públicas de su esposo. Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico, expresó: «Toda persona es libre de pensar de manera distinta, y lo dicho por el esposo de Amelia no representa su pensamiento. Esta renuncia puede ser una oportunidad para que las personas que la respaldaban ahora voten por otra opción y podamos tener un fiscal».
El congresista José Jaime Uscátegui consideró que la renuncia de Pérez ofrece una oportunidad para una selección del fiscal sin interferencias externas: «Lo ideal es un proceso sin ruido ni presiones, y que la Corte Suprema evalúe adecuadamente si devuelve la terna al presidente».
Esta renuncia plantea nuevos desafíos en el proceso de selección del fiscal general, dejando en el ambiente político una incertidumbre sobre el próximo paso a seguir por parte de la Corte Suprema y del presidente Petro.
