Expresaron que el Gobierno nacional puede tomar medidas contundentes mediante decretos o resoluciones sin necesidad de modificar la Ley de Servicios Públicos, 142 de 1994.
El Comité Intergremial del Atlántico emitió su postura respecto a los resultados surgidos de la Cumbre Energética en Sincelejo y las declaraciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) sobre las tarifas elevadas de energía.
Los representantes gremiales subrayaron que para tomar medidas efectivas y urgentes frente a las altas tarifas de energía, que afectan a más de 11 millones de habitantes en la región Caribe, no es necesario modificar la Ley de Servicios Públicos, 142 de 1994. El Gobierno nacional puede emitir decretos o resoluciones con carácter inmediato.
Se enfatizó la expectativa del sector respecto a respuestas concretas por parte del Gobierno nacional a las propuestas presentadas tanto por los gremios como por los gobernadores de la Costa. Estas propuestas abogan por modernizar la infraestructura de transmisión y distribución, fomentar la competencia en los mercados energéticos, aumentar la disponibilidad de energía, y extender los plazos de las opciones tarifarias.
Asimismo, se planteó la necesidad de mejorar la asignación de subsidios mediante una focalización más eficiente, para ampliar el acceso a la energía de subsistencia. Además, se propuso la creación de un fondo destinado a beneficiar a los usuarios más necesitados, con el objetivo de cubrir parte de las pérdidas que actualmente asumen.
“Reiteramos que con decretos o resoluciones se pueden aplicar estas propuestas”, afirmaron, mientras destacaron que la crisis energética en la región Caribe no se limita únicamente a las tarifas elevadas del servicio, por lo que es fundamental abordar acciones integrales.
“La revisión y actualización de la fórmula para fijar las tarifas de energía eléctrica es obligación de la Creg y para ello no se requiere, por lo tanto, ninguna orden o disposición nueva del Gobierno nacional en tal sentido”, anotó el comité.
Hubo consenso respecto a las medidas anunciadas por la Creg, que incluyen la revisión de las inversiones de los operadores, la modernización del mercado de la energía y los incentivos para los esquemas modernos de comercialización. No obstante, se solicitó una mayor claridad sobre los mecanismos, esquemas y alcances de estas medidas.
“Se necesita una mesa técnica que analice las distintas propuestas que han planteado todos los actores de la cadena del sistema de energía eléctrica y los gremios de la región Caribe, de la que surja un plan de acción consensuado con acciones inmediatas y de mediano plazo, y tiempos de ejecución debidamente establecidos”, señalaron.
Convocatoria a manifestación el 11 de abril en la Costa Caribe
La Liga Nacional de Usuarios y diversas organizaciones sociales han decidido convocar a una movilización el próximo 11 de abril en la región Caribe, con el propósito de exigir medidas inmediatas y eficaces frente a las elevadas tarifas de energía.
Norman Alarcón, quien funge como coordinador en la región Caribe, reiteró la necesidad de modificar el régimen especial tarifario que afecta a los habitantes de la costa. Propuso hacer uso del artículo 126 de la Ley 142 de 1994, el cual permite ajustar las tarifas cuando estas perjudican injustamente a los usuarios.
Además, abogó por la derogación de la resolución Creg 101-028, emitida en noviembre de 2023, la cual impone a los usuarios un «injusto e impagable» Costo de Opción Tarifaria en el mercado energético.
Entre otras sugerencias, destacó la posibilidad de destinar recursos del fondo nacional de regalías mineras para modernizar la infraestructura eléctrica en la Costa, sin incrementar las tarifas. Asimismo, propuso reducir las elevadas ganancias de las empresas eléctricas a través de la intervención de la Creg.
