Martínez acusa a la Contraloría General de la Nación de ser utilizada como arma política por los narcoclanes del Magdalena.
En medio de una controversia, el Gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, se pronunció contundentemente respecto al comunicado, la apertura de indagación y el embargo de sueldo decretado por la Contraloría General de la República. Martínez calificó el proceso como «un ejemplo de cuando se utilizan los órganos de control del Estado como instrumento de destrucción política».
Según el mandatario, este episodio estaría vinculado a los «narcoclanes del Magdalena, opositores a los gobiernos alternativos». Martínez denunció que se trata de una estrategia de «lawfare» que busca generar titulares sensacionalistas sin considerar la versión de la otra parte.
En respuesta a la denuncia que se remonta al año 2021, Martínez afirmó que la única actuación realizada en el 2022 fue una visita, mientras que en el 2023 solo se repartió la denuncia en mayo de ese año. El gobernador cuestionó la falta de solicitudes de información a la Alcaldía de Santa Marta, y a los involucrados, para comprender la realidad de la obra y la diligencia con la que se actuó.
«Es una falsa denuncia que archivarán, pero que permite titulares con periodismo ligero que compra falsas noticias que le venden los órganos de control en ejercicio de oposición política», expresó Martínez en una publicación en su cuenta de X, concluyendo que este caso se suma a los ejemplos de manipulación política a través de instituciones de control.
Este es un ejemplo de cuando se utilizan los órganos de control del Estado, en este caso la @CGR_Colombia, como instrumento de destrucción política al servicio de los narcoclanes del Magdalena, opositores a los gobiernos alternativos.
— Rafael Martínez (@mrafael70) March 11, 2024
Una denuncia del año 2021, de la cual solo… https://t.co/JvYHLgp3UL
En esa misma línea, el mandatario departamental trajo a colación el pronunciamiento de Virna Johnson, ex alcaldesa de Santa Marta, quien ha venido dando cuentas claras sobre el trabajo realizado y desmintiendo las acusaciones que pesan sobre los gobiernos del Cambio.
«Sorprende que, en cambio, no publican las explicaciones de la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, en las que explica cuál es la génesis y la continuidad de ese contrato y su realidad actual. La Contraloría General de la Nación, en cambio, guarda silencio al igual que quien es se afanan con falsos titulares que el ilegal Carlos Pinedo Cuello, sin justificación alguna, se ha negado a adjudicar el contrato para terminar dicha obra, no obstante que le dejaron todo listo, incluida la plata», manifestó Martínez en otra publicación de X.
Sorprende que, en cambio, no publican las explicaciones de la exalcaldesa @SantaMartaDTCH @VirnaJohnson, en las que explica cuál es la génesis y la continuidad de ese contrato y su realidad actual.
— Rafael Martínez (@mrafael70) March 11, 2024
La @CGR_Colombia, en cambio, guarda silencio al igual que quien es se afanan con… pic.twitter.com/TFqThxtsPz
Exalcaldesa con pruebas desmiente tales acusaciones…
«Tagangueros, les contamos la verdad sobre las obras del colegio para que no se dejen confundir con las mentiras de los que se quieren robar el cambio. Impusimos multa al contratista de la construcción del Colegio Unión Temporal Taganga, mediante las resoluciones 612 y 615 de octubre del año 2022; por los reiterados incumplimientos identificados por el interventor, entre los que estaban: retrasos en la ejecución de las obras y falta de actualización de garantías del contrato. Adicionalmente, el 19 de abril del 2023 liquidamos de forma unilateral este contrato y en ese momento la obra presentaba un avance del 72%.», explicó Johnson.
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Así mismo, manifestó que «tales incumplimientos por parte del contratista estaban afectando el bienestar de los tagangueros, por lo que emprendimos acciones que nos llevaron el 21 de noviembre del año pasado a convocar el proceso de licitación para la terminación del colegio. Es preciso resaltar que el nuevo contrato para terminar el colegio debió adjudicarse el 23 de enero de este año 2024 con recursos del Sistema General de Regalías, para lo que dejamos apropiada la disponibilidad presupuestal por 6.716 millones de pesos. Al no adjudicar las obras, el gobierno ilegítimo está afectando a 1.200 estudiantes de Taganga. Los Gobiernos del Cambio no hemos dejado obras inconclusas y mucho menos elefantes blancos. Los gobiernos del cambio sí cumplimos», sentenció la exmandataria de los samarios.
¿A qué se deben los pronunciamientos de Martínez y Johnson?
Recientemente, la Contraloría General de la Nación embargó cuentas de exalcaldes Martínez y Johnson por presunta corrupción en millonario contrato educativo en Taganga.
El ente de control tomó medidas drásticas en medio de una investigación por presunta corrupción en el contrato para construir un colegio en Taganga. Los exalcaldes de Santa Marta, Rafael Martínez, actual gobernador del Magdalena, y Virna Johnson, enfrentan el embargo de sus cuentas como parte de un proceso de responsabilidad fiscal que suma $9 mil millones.
El proyecto, iniciado en 2018 por Martínez y continuado por Johnson en 2020, buscaba brindar una completa institución educativa a los niños de Taganga. Sin embargo, tras 4.5 años, la construcción está lejos de completarse, generando acusaciones por parte del sus opositores sobre un posible detrimento patrimonial. La Contraloría vincula a otras personas y empresas al juicio por el presunto detrimento.
Tanto Johnson como Martínez, afiliados al movimiento Fuerza Ciudadana liderado por el exgobernador Carlos Caicedo, enfrentan una situación complicada. Caicedo, fuera del país por motivos académicos, enfrenta la pérdida de personería jurídica de su movimiento, recibiendo un golpe significativo en el ámbito político.
Este escándalo, que involucra a prominentes figuras políticas, pone de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer las acusaciones de corrupción en torno al millonario contrato educativo en Taganga y llegar a la verdad, ya que tanto Rafael Martínez como Virna Johnson señalan que todo lo dejaron en marcha y que estos movimientos legales se deben a una constante persecución política que busca desmeritar los gobiernos del cambio.
