Este es el paraíso fiscal donde tiene su sede Thomas Greg & Sons, protagonista del lío con los pasaportes

La empresa de los hermanos Bautista opera desde Guernsey, Thomas Greg & Sons, isla en el Canal de la Mancha que le pertenece a la corona británica con un régimen tributario especial. Así lo reveló un informe del portal las2orillas.

Thomas Greg & Sons nació en 1960 como representación de la británica Thomas de la Rue, una de las compañías de impresión más antiguas del planeta, la cual llegó a hacer los documentos oficiales de la realeza de su país.

Sin embargo, no fue sino hasta 1991 que su fundador, Gregorio Bautista, consiguió comprar la operación y darle rienda suelta a la compañía que hoy es famosa por el pleito que está protagonizando con la Cancillería por cuenta de la impresión de los pasaportes y que es manejada por sus hijos, Felipe, Camilo y Fernando Bautista.

Ese medio reveló que su sede no se encuentra ubicada en Colombia y en términos estrictos tampoco está en Reino Unido. Sino que, por el contrario, está en una isla del Canal de la Mancha conocida como Guernsey, la cual, si bien le pertenece a la corona británica, tiene una jurisdicción independiente y no le pertenece a dicho Reino.

Este territorio es considerado como un paraíso fiscal, es decir, amigable en materia de impuestos con los ciudadanos y las empresas que se domicilien con la particularidad de que se les guarda el secreto bancario.

En cuanto al caso de esta empresa en Colombia, la pelea en los estrados judiciales entre el Gobierno y esta compañía sigue caliente, aun sin Álvaro Leyva como protagonista, puesto el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, va a seguir por la misma línea de no firmar ningún contrato con ellos hasta que no sean estudiadas 550 observaciones.

Recordemos que esta empresa llevaba años ganándose sin ningún tipo de problema las licitaciones para la impresión de los pasaportes e incluso las de los tarjetones electorales durante el Gobierno Santos.

En febrero, la Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional por tres meses ordenada contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, proferida el pasado 24 de enero de 2024 por la Sala de Instrucción Disciplinaria, por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.

El Ente de control sostuvo que la decisión inicial fue adoptada legalmente, conclusión a la que llegó luego de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la Sala; así como la revisión del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y las respuestas dadas a los alegatos presentados por la defensa.

Nueva investigación contra el canciller

El Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional, a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que dentro de los hechos que serán objeto de revisión se encuentran las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes.