Decisiones controversiales del canciller encargado Luis Gilberto Murillo desatan polémica y causan reorganización en el equipo de Álvaro Leyva.
En medio de un turbulento entorno político, la Cancillería de Colombia se ve envuelta en un torbellino de controversias, desencadenado por una serie de medidas tomadas por el canciller encargado Luis Gilberto Murillo. El foco de atención se centra en la polémica Resolución 1344, que ha generado un verdadero terremoto en la institución y ha llevado a la destitución de varios funcionarios clave.
El retorno de Álvaro Leyva a su antiguo cargo en la Cancillería se ha visto obstaculizado por una suspensión temporal impuesta por la Procuraduría, relacionada con un millonario contrato de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons. Esta situación, lejos de resolverse, ha avivado el fantasma de un posible juicio disciplinario pendiente, con implicaciones que podrían extenderse hasta la era de la procuradora Margarita Cabello.
Políticos cercanos a Gustavo Petro han aconsejado mantener a Leyva a distancia, temiendo que cualquier fallo disciplinario en su contra genere un nuevo revuelo político. Mientras tanto, Leyva se mantiene alejado de la Casa de Nariño, atendiendo asuntos personales y médicos.
La llegada de Luis Gilberto Murillo como canciller encargado ha marcado un cambio significativo en la dinámica interna de la Cancillería. Decisiones como la revocación de la suspensión de José Antonio Salazar y la destitución de Juan Carlos Losada han desatado una ola de especulaciones sobre los motivos detrás de estos movimientos.
El equipo cercano a Álvaro Leyva ha sido especialmente afectado por estos cambios. Funcionarios como Francy Paola Ramírez y Jhoana Medina Ramírez han sido destituidos de sus cargos, generando incertidumbre sobre el futuro de la institución y las intenciones del canciller encargado.
Mientras tanto, en los pasillos políticos se especula sobre el respaldo que Murillo podría tener dentro del Gobierno, así como su posible papel como ficha presidencial en las elecciones de 2026. Sin embargo, todo parece depender del desenlace del escándalo relacionado con el contrato de pasaportes, que amenaza con enredar aún más el panorama político del país.
En medio de este ambiente de incertidumbre, la Cancillería se enfrenta a uno de los momentos más turbulentos de su historia reciente, con consecuencias aún impredecibles para el futuro político de sus protagonistas.
