Ley colombiana respalda medidas contundentes para garantizar sostenibilidad en propiedades compartidas.
En Colombia, el pago puntual de la administración en propiedades horizontales no solo constituye un deber, sino una obligación legal amparada por la Ley 675 de 2001.
Los propietarios que no cumplen con este compromiso se enfrentan a una serie de sanciones y restricciones destinadas a asegurar el funcionamiento óptimo y la viabilidad financiera de los conjuntos residenciales.
Según la normativa colombiana, los propietarios tienen la responsabilidad de contribuir a los gastos comunes necesarios para la existencia, seguridad y mantenimiento de los bienes compartidos en una propiedad horizontal.
Aunque algunos propietarios argumentan no hacer uso de determinados servicios o instalaciones comunes, la ley enfatiza la importancia de realizar contribuciones oportunas a las obligaciones administrativas.
Entre las posibles sanciones por el incumplimiento en el pago de la administración se encuentran medidas drásticas como la publicación de una lista de morosos, el cobro de intereses por mora y restricciones en el acceso a servicios o áreas comunes no esenciales.
Este último punto resalta la relevancia de cumplir con las obligaciones financieras, ya que la limitación en el uso de ciertos servicios o espacios comunes puede impactar negativamente en la calidad de vida de los residentes.
Además, agencias de cobranza pueden intervenir en estos casos para gestionar el cobro de las deudas, negociar acuerdos de pago y, en última instancia, emprender acciones legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
El Instituto Distrital de la Participación Ciudadana destaca una medida específica para desalentar el incumplimiento: la posibilidad de restringir el acceso a parqueaderos comunitarios a los infractores.
En resumen, el impago de la administración no solo conlleva consecuencias económicas, sino también restricciones significativas que tienen como objetivo primordial el adecuado funcionamiento de las comunidades residenciales en Colombia.
