En un comunicado conjunto, los gobernadores y los gremios de la Región Caribe han propuesto al Gobierno Nacional la implementación de un «Pacto de Equidad por un Nuevo Modelo Energético» con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y hacer que las tarifas de energía sean más accesibles.
Las ocho propuestas presentadas son las siguientes:
- Establecer mecanismos que garanticen que los subsidios en las tarifas de energía lleguen a quienes realmente los necesitan.
- Ampliar el consumo de subsistencia con un valor de 252 kWh/mes en subsidios en territorios situados entre 0 y 350 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas mayores a 24 grados centígrados, de acuerdo con el nivel de ingresos de los usuarios y sus condiciones de vida.
- Establecer un marco regulatorio que promueva mayor competencia en la generación de energía para que los comercializadores aseguren contratos bilaterales de compra de energía en mejores condiciones de precio y calidad.
- Otorgar garantías de la Nación para respaldar bonos de alivio tarifario a negociar en mercados de capital que permitan ampliar el plazo de pago de la opción tarifaria al usuario final.
- Crear un fondo que cubra hasta $120 por kWh el costo de las pérdidas de energía para beneficiar a los usuarios de menores ingresos en mercados con índices de pérdidas mayores al 19%.
- Invertir en la modernización de redes de transmisión y distribución de energía eléctrica en la región Caribe, de manera que esos recursos no se incluyan en las tarifas.
- Gestionar la entrada en operación de nuevos proyectos de generación y transmisión de energía para tener una mayor oferta y precios eficientes.
- Promover las comunidades energéticas con generación remota de por lo menos 5 MW basada en fuentes solares para atender a usuarios en condiciones de pobreza.
Estas propuestas están detalladas en el documento técnico del «Pacto de Equidad por un Nuevo Modelo Energético» y se espera que sean discutidas en la Cumbre Energética del Caribe, programada para el próximo 9 de marzo en Sincelejo. Estas medidas buscan beneficiar a los municipios de la Región Caribe, donde el 98,5% de ellos se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional.
